Durante el XVIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Entre Ríos y Saberes’, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, le pidió a la Corte Constitucional respaldar el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.
Desde Girardot, la ministra afirmó que a través de los decretos que priorizaron 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, el Gobierno ha encontrado herramientas para avanzar significativamente en la prevención.
“Ojalá la Corte pueda respaldar la emergencia de La Guajira. Es una emergencia inédita porque se declara antes de que ocurra el fenómeno, para prevenir y tener los instrumentos de acción inmediata en los tiempos que tenemos y no una emergencia que sea declarada cuando ya el desastre está, cuando los muertos están y cuando hay que ir a reconstruir el territorio”, afirmó.
Según Muhamad, esta declaratoria tiene un debate constitucional de fondo frente a la crisis climática actual y en cómo con los sistemas de tecnologías y científico se puede avanzar en prevención.
“Se trata de cómo a través de ello, se generan los instrumentos al Gobierno para poder reaccionar preventivamente y salvar vidas, no al revés cuando tenemos el desastre que significa simplemente empezar a contar pérdidas y daños”, aseguró.
Así mismo, la Ministra hizo un llamado a la Corte Constitucional para que apruebe y ratifique la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, considerado un hito histórico que significa, además, el cumplimiento de una de las promesas del Gobierno Nacional en materia ambiental y que fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones del sector.
“El Acuerdo de Escazú se trata de la transparencia de la información ambiental que también logra que la sociedad se movilice. Mucha gente puede estar en riesgo y ni siquiera saber que está en riesgo y esa información tiene que ser pública. Mucha gente puede estar teniendo consecuencias de salud por contaminación que no sabe y tiene el derecho a saberlo. Eso es el Acuerdo de Escazú, hacer transparente la información para que la sociedad pueda reaccionar ante esos riesgos”, explicó.
