Estos hechos, revelados por la Fundación Paz y Reconciliación, abarcan 20 departamentos del país y La Guajira, registra 12 de esas víctimas, que han recibido 60 amenazas colectivas. Para los expertos, es el hecho más recurrente.
Las víctimas, en el Departamento, son un funcionario que denunció hechos de aparente corrupción y 11 servidores públicos de elección popular.
Los sectores políticos más victimizados son los que están creciendo vertiginosamente, es decir, los alineados con el gobierno: Centro Democrático, y los partidos de oposición, como el Verde, según registró el informe.
En cuanto a la victimización, advierten, es por sector político y parece estar atada a dinámicas locales.
El análisis político que estudió hechos desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019, además reveló que la carga de la violencia electoral por alineación de partidos políticos, está así: oposición, 4 casos; independiente, 5 casos; gobierno, 3 casos.
Es decir, Alianza Verde un caso; Cambio Radical, 2; Aico, 1; Mais, 1; Polo Democrático Alternativo, 1; Partido Conservador, 2; partido Liberal, 3; y Centro Democrático, 1.
En este caso, igual que en otras manifestaciones de violencia política, como la ejercida contra líderes sociales, las estructuras u organizaciones ilegales responsables de las amenazas, no están identificadas. La cifra nacional, es del 80% de desconocimiento del autor.
Frente a las fuentes de financiación, en las próximas elecciones de octubre, la dinámica cambiará.
“Para las elecciones regionales de 2014 y 2015, en algunas zonas del país, las elecciones sufrieron una fuerte distorsión dadas las coimas provenientes de Odebrecht a miembros de clanes políticos, quienes los canalizaron para mover maquinarias clientelares multimillonarias en sus regiones o regiones donde según cifras de la Registraduría tuvieron caudal político”, advierten León Valencia Agudelo y Ariel Ávila Martínez, autores del sistema de información estadística, Sipares.
El panorama sin recursos de contratistas y con una demanda que se mantiene constante, los riesgos de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia a electoral, aumenta.
“En el 80% de los casos no hay un autor identificado claro y todo parece indicar que no es una dinámica nacional, sino que son dinámicas locales las que están llevando a estas disputas. De las 80 víctimas, más o menos estamos divididos así: 62 amenazas, 6 homicidios, 6 atentados y 1 desaparición forzada, otros han recibido otro tipo de hostigamientos”, afirmó Ariel Ávila, subdirector de Pares Colombia.
Aunque, como dice el investigador, en la mayoría de los casos no se conoce quién ha sido el perpetrador, sí se sabe que han ejercido violencia grupos identificados como Águilas Negras (los que más amenazan), ELN, grupos disidentes de las Farc y Caparrapos Cabe recordar que los otros departamentos afectados son Tolima (13 casos), Valle del Cauca (10), Antioquia (9), Bogotá (7), Cauca (6) y Putumayo (4).
El estudio explica que “la violencia electoral es una subcategoría de la violencia política, definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo por el ejercicio de sus derechos políticos, en marco de la contienda electoral.
“Estamos llamando la atención de la Fiscalía, porque no hay autor conocido y ellos tienen que investigar para prevenir; nosotros les decimos: si la cosa sigue así, si no hay ninguna investigación, esto se va a poner muy feo en las elecciones locales”, advirtió León Valencia, director ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación –Pares–.
