La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes tres delitos a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y exdirectora del Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, por…
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La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes tres delitos a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y exdirectora del Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, por los hechos relacionados con el procedimiento de polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como niñera de la exfuncionaria.
La audiencia se desarrolla ante un juez de control de garantías en Bogotá. El ente acusador le atribuye a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, al considerar que habría utilizado su posición y recursos estatales para adelantar actuaciones relacionadas con la investigación por la desaparición de dinero en efectivo de su vivienda, ocurrida en enero de 2023.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Sarabia habría dado instrucciones al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Feria, para que Meza fuera trasladada a instalaciones oficiales y sometida a una prueba de polígrafo. Para el organismo investigador, este procedimiento habría desbordado las funciones de los organismos de seguridad y comprometido recursos públicos en un asunto de carácter particular.
El expediente también está relacionado con las interceptaciones telefónicas que posteriormente afectaron a Meza y a otras personas de su entorno. La Fiscalía sostiene que para obtener las órdenes de interceptación se habrían elaborado informes que relacionaban a la entonces niñera con una supuesta organización dedicada al hurto de viviendas.
Dentro de los elementos de prueba figura el testimonio de un oficial de la Policía que obtuvo un principio de oportunidad y que habría aportado información sobre las actuaciones adelantadas durante la investigación. Para la Fiscalía, su declaración respalda la tesis sobre la participación de Sarabia en la decisión de someter a Meza al polígrafo. La defensa, entretanto, ha controvertido las conclusiones del ente acusador y el alcance de las responsabilidades que pretende atribuirle a la exfuncionaria.
El caso también ha generado procesos contra varios integrantes de la Policía que habrían intervenido en las interceptaciones, así como en la elaboración de documentos utilizados para sustentar las solicitudes de vigilancia. Durante la audiencia, la representación jurídica de la Presidencia pidió que la Casa de Nariño sea reconocida como víctima, argumentando que presuntamente fueron utilizados de manera irregular funcionarios, instalaciones y recursos estatales.
La imputación marca el inicio formal de esta etapa del proceso, pero no constituye una condena ni establece por sí misma la responsabilidad penal de Sarabia. Ahora será la justicia la encargada de determinar, durante las siguientes etapas, si los hechos ocurrieron como los plantea la Fiscalía y si existe responsabilidad de la exfuncionaria.
El expediente se remonta a 2023 y se convirtió en uno de los principales escándalos que rodearon al gobierno de Gustavo Petro, luego de que la investigación por la pérdida de dinero en la vivienda de Sarabia derivara en el polémico uso del polígrafo contra Meza y posteriormente en el descubrimiento de las interceptaciones que la Fiscalía considera ilegales.
