El Juzgado Segundo Promiscuo municipal de Maicao, en fallo de incidente de desacato, declaró que el alcalde encargado del municipio de Uribia, Alberto Darío Henríquez Orozco, incurrió en desacato de la sentencia de tutela proferida por ese despacho el pasado 21 de enero de 2020.
Además sanciona al funcionario con un arresto de cinco días y una multa de cinco salario mínimos legales mensuales vigentes, “por el incumplimiento injustificado, reiterado y culpable” de la tutela citada anteriormente.
En el documento se indica que como consecuencia, el alcalde encargado Henriquez Orozco, quedará suspendido y se ordenará la suspensión en el ejercicio de sus funciones, por el término de la sanción de arresto, una vez quede ejecutoriada la decisión.
El caso tiene que ver con una acción de tutela incidente desacato, interpuesta por Melba Luz Cortez Bolaños, contra el alcalde del municipio de Uribia, Bonifacio Henríquez.
En su debida oportunidad la accionante, interpone acción de tutela en contra del alcalde de Uribia, para que se protejan sus derechos fundamentales de estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionada, al trabajo y seguridad social, igualdad, debido proceso administrativo, mínimo vital móvil y derechos fundamentales de los niños.
Luego del trámite respectivo, en el cual se vinculó y dio traslado al mandatario, guardó silencio y no se opuso a las pretensiones, por lo que el 21 de enero de 2020, el juez Constitucional del Juzgado de Maicao, profiere sentencia en la que decide amparar los derechos amenazados.
En dicha providencia se ordena concretamente al alcalde de Uribia, o quien haga sus veces, a abstenerse de ejercer la facultad a él conferida en el art. 20 de la ley 1797 del 13 de julio de 2016, y por tanto no proceder a desvincular del cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a Melba Luz Cortés Bolaños, al finalizar su periodo, hasta tanto se encuentre incluida en la nómina de pensionados de Colpensiones y obtenga su pensión de vejez; e igualmente se le respete su derecho a optar por seguir en ejercicio del cargo hasta la edad de retiro forzoso, una vez cumpla con todos los requisitos exigidos en las normas pertinentes, garantizando así todos los derechos fundamentales enunciados, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la sentencia.
Sin embargo, pese a lo ordenado por el Juzgado, el alcalde expidió el Decreto 047 del 16 de marzo de 2020, mediante el cual nombró a Alexander Xavier Quintana Ospino, como gerente del hospital quien se posesionó de manera inmediata, lo que generó toda una controversia jurídica entre las partes.
En el documento, se indica que el Juzgado insiste sobre la necesidad y mandato que las sentencias deben tener un efecto útil, no quedarse en meros enunciados, letra muerta, o simples proclamaciones sin contenido vinculante.
“La conducta renuente y culpable mostrada por el destinatario de las órdenes de tutela, exhibe las características de una conducta y decisión lesiva, repetitiva, actual y grave de los derechos fundamentales amparados mediante el fallo; los cuales se pueden catalogar como hechos de irrespeto, desobediencia a la autoridad del juez de tutela y merecen que se haga uso de las sanciones de arresto y multa en estricto rigor”, advierte el juez Vladimir Ernesto Daza Hernández.
El alcalde
Sobre la situación, el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, en un comunicado de prensa expresó que hace un llamado a todos los entes de control para que pongan la lupa en la rama judicial del Departamento. “Un fallo de incidente de desacato lo obligaría a prevaricar, dado que le exige a ir en contra de la ley para cumplir con una tutela, que pretende que la actual gerente del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continúe indefinidamente en el cargo y él anule el nombramiento del nuevo gerente que hizo en cumplimiento de sus funciones como mandatario electo del municipio”.
Henríquez asegura que se están dando fallos improcedentes que lo obligan a que la misma clase dirigente de años siga a la cabeza de las entidades del Estado, específicamente de esta institución de salud.
El alcalde electo busca que se conozca esta situación que está poniendo en riesgo la atención de alrededor de 200.000 personas (la mayoría de la comunidad wayuú) y los pagos al personal médico y administrativo. Los suministros podrían escasear porque la cuenta bancaria de la institución sigue siendo manejada por la antigua gerente.
