No es una JEP, ni estamos hablando del proceso de Paz, ni víctimas del conflicto armado, aunque toda La Guajira hubiese sido víctima, vamos a hablar de justicia, reparación y no repetición de las herradas acciones políticas y sociales de aquellos gobernantes y dirigentes políticos, que fueron autoridad político administrativa en plena bonanza minera y por qué no decir una verdad, bonanza marimbera.
Por acto legislativo No. 1 de diciembre 28 de 1963, se creó el departamento de La Guajira, con vigencia a partir del 1º de julio de 1965 y hoy después de tantas décadas de haber recibido incalculables recursos del SGP, del sistema de regalías, ocupamos vergonzosos lugares, en pobreza, subdesarrollo, pobres logros en servicios públicos, salud, educación, vías, si continuamos la lista seria extensa y más penosa, sumado a las criticadas prácticas de hacer política.
¿A quién se juzga?, ¿quién repara?, ¿quién se compromete a no repetir la historia? No es quien presente un excelente programa de Gobierno, no es quien haga las mejores alianzas, es quien tenga temor a Dios, es quien se comprometa a reparar el rezago social en que se ha dejado a La Guajira, es implementar un sistema integral que satisfaga, a través de los distintos mecanismos, los derechos de todas las víctimas del conflicto político social, víctimas de la mayoría de los gobiernos departamentales y municipales (incluyendo diputados y concejales), víctimas de los grupos politiqueros, y también víctimas de los grupos traficantes de la política, que han tenido la oportunidad de tener las riendas del Departamento.
Las sanciones propias se impondrán por la Sociedad a quienes se les demuestre responsabilidad respecto a determinadas violaciones, abusos y acciones muy graves, que dejaron daños difíciles de reparar, que llevaron al escario nacional a nuestro departamento y que hoy no nos reponemos.
Las garantías de no repetición de las malas prácticas y del conflicto político mismo serán resultado de la implementación de 1) De diferentes mecanismos y medidas del sistema político integral de verdad, seriedad y no repetición; 2) De medidas que individualmente como sociedad, como ciudadanos impongamos, 3) De una agenda con un acuerdo general “Fin de las malas prácticas políticas”, que deben garantizar la terminación definitiva del conflicto político social que se implementó hace mucho rato, que contribuirán a reversar los efectos negativos que hoy son notorios y visibles y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de los vicios políticos y electorales practicados en la península.
Decía James Comey que los crímenes de odio son diferentes de otros crímenes, atacan el corazón de la propia identidad, golpean nuestro sentido del yo, y de pertenencia.
El resultado final es la pérdida, la pérdida de confianza, de dignidad y de vidas. Es hora de querer verdaderamente a La Guajira, defenderla, respetarla y eso se consigue con la decisión individual responsable.