Los miembros de la Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017, en comunicación enviada al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expusieron su preocupación por el rumbo que ha tomado el cumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno nacional.
Lo anterior, toda vez que a través de la consejera para las Regiones, Ana María Palau, ha venido ofreciendo en reuniones abiertas y cerradas $800 mil millones como aporte al pago de la deuda social histórica que la nación mantiene con la región, en aras de mitigar la muerte de niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición y con ello superar el estado de cosas inconstitucional declarada por la Corte Constitucional.
Expresaron que después de seguir y analizar el conjunto de actividades convocadas por la Consejería Presidencial, advierten que las mismas están por fuera del marco de la Sentencia, desconociéndose el octavo objetivo mínimo constitucional relacionado con el diálogo genuino con las comunidades.
Por otro lado, evidencian que para lograr el acceso a los derechos al agua, atención y seguridad alimentaria, salud, movilidad y participación, las acciones que se anuncian por parte del Estado (las 25 instituciones accionadas), remiten a pensar que para ellas la declaración del estado de cosas inconstitucional en La Guajira no constituye una obligación urgente como medida de protección de los derechos de la niñez wayuú.
Además, que las rutas seguidas por los accionados son consistentes con las que se han llevado a cabo en el pasado y permiten pensar en que se seguirá dilatando el cumplimiento de la Sentencia.
Informaron que la Veeduría elaboró un mapa mental con los mandatos de la Sentencia T-302 con sus respectivos indicadores, los cuales deben quedar contenidos al momento de estructurar la política pública
Contrario a lo anterior, las acciones que promueve la consejera Presidencial, se sustentan en una estrategia de representación y no de participación, ya que fueron seleccionados delegados para deliberar y decidir sobre los planes de inversión.
En esa dinámica, la Consejería Presidencial para las Regiones, ha propuesto un proceso de consulta previa como un trámite ‘express’ en la construcción del Plan de Acción en el marco del mecanismo especial de seguimiento ordenado por la Sentencia.
