La biodiversidad es el principal patrimonio de la Nación, y su conservación permite mayor resiliencia ante los efectos del cambio climático.
En ese sentido, el principal objetivo del documento Conpes 4050, aprobado por el Gobierno, es reducir al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap–, de tal manera que se garantice la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el bienestar y el desarrollo social, económico y cultural presente y futuro de la nación.
En esta nueva política se desarrollan principios enfocados en lograr mayor corresponsabilidad de los sectores productivos para contribuir a la conservación de las áreas protegidas y retribuir a las poblaciones vulnerables que apoyan su cuidado.
Se incorporan principios asociados a la buena gobernanza de las áreas protegidas y del Sistema, se pone especial énfasis en la necesidad de aumentar la efectividad en el manejo, y se posiciona la importancia de proteger espacios naturales con elementos y significados culturales asociados.
Adicionalmente, esta política se articula con la iniciativa 30×30 orientada a proteger al menos el 30 % de los océanos y el 30 % de las áreas terrestres y aguas continentales del mundo para el año 2030, con por lo menos un 10 % sujeta a protección estricta, que se está discutiendo en el nuevo Marco Global de la Biodiversidad post 2020.
Este marco establecerá nuevos objetivos y metas a ser implementados por los países miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Ventaja extraordinaria
Colombia posee una ventaja extraordinaria frente a otros países en cuanto a su capital natural con más de 51.000 especies registradas que la posicionan como el segundo país en mega diversidad, albergando aproximadamente el 10% de la biodiversidad en menos del 1% del territorio emergido a nivel mundial.
El país tiene, además, cerca de 6.383 especies de plantas endémicas, 367 de anfibios y 34 de mamíferos, entre otros grupos 1. La posición geográfica privilegiada del país ha permitido una diversidad biológica exuberante y única, que debe mantenerse y potenciarse como una ventaja competitiva frente a otros países.
Algunos de los servicios ecosistémicos suministrados por las Áreas Protegidas son la regulación y provisión hídrica para el consumo de cerca de 25 millones de personas, la generación del 52 % de la energía hidroeléctrica, la regulación del clima asociada a más de 13 millones de hectáreas de bosque y el desarrollo de diversas actividades productivas estratégicas.
Se estima que por concepto de regulación y provisión hídrica el aporte de las Áreas Protegidas a la economía nacional es de USD 2.770 millones anuales aproximadamente (cerca de 0,9 % del PIB en 2013).