En el marco del ‘Plan Bolsillos de Cristal’, la Fiscalía imputará cargos contra Carlos Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta y candidato a la Presidencia, y Rafael Martínez, actual burgomaestre de la capital del Magdalena, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La detención de Caicedo Omar se registró en el aeropuerto de la ‘Perla de América’, cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a la ciudad de Bogotá para presentar ante la Registraduría las dos millones de firmas recolectadas para avalar su candidatura a la Presidencia.
Poco después fue apresado Martínez, quien actualmente se encuentra suspendido de su cargo debido a presunto favorecimiento a las aspiraciones presidenciales de su antecesor.
Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena, en el caso del exalcalde se presume que suscribió un acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas.
Tanto el exmandatario como el actual alcalde serán señalados ante el juez de control de garantías de Santa Marta por presuntas irregularidades en dos contratos.
El primero de ellos, No.004 del 18 de noviembre de 2014 que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532.759.000, en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los $5 mil millones.
En el caso del alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Martínez, se le investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre.
Este convenio fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, el cual fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución. Además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.
Cabe anotar que otras 4 personas fueron capturadas por este mismo caso en distintas ciudades de la Costa.
