La Contraloría General de la República ordenó la apertura de indagación preliminar por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 033 del 10 de mayo 2013, cuyo objeto es la construcción y puesta en funcionamiento del acueducto del corregimiento de Camarones, a las exalcaldesas Alexa Henríquez e Isseth Tatiana Barros, así como a los exsecretarios de Obras Públicas, Julio Vega, Manuel Torres Blanchar y Miguel Francisco Pitre Ruíz.
En el auto de apertura se indica que por las presuntas irregularidades se generó un presunto daño patrimonial en cuantía de $11.837.897.851.65.
El proceso de responsabilidad fiscal se apertura por el daño causado en los recursos patrimoniales del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, en razón a la falta de adopción de alternativas para poner en funcionamiento los sistemas de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones de manera continua, las deficiencias en el mantenimiento y conservación de las mismas, además de no suministrar agua apta para el consumo humano y manejo de las aguas residuales sin el cumplimiento de los límites máximos permisibles.
La Contraloría General de la República concluyó que los exfuncionarios a quienes se les ordenó la apertura de indagación preliminar, debieron realizar el seguimiento a la correcta ejecución de las obras y vigilar el cumplimiento de requisitos y de normas legales para ejecución del contrato, así como advertir las debilidades y falencias del proyecto, les asiste la calidad de gestores fiscales, ya que participaron interviniendo en el proceso de gestión fiscal que dio lugar al daño al patrimonio en los recursos del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, configurándose en cada uno de ellos el nexo de causalidad, elemento indispensable para establecer una presunta responsabilidad fiscal.
Para el ente de control, es claro que estando ejecutadas las obras del contrato No. 033 de 10 de mayo de 2013, la falta de adopción de alternativas para poner en funcionamiento los sistemas de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones de manera continua, las deficiencias en el mantenimiento y conservación de las mismas, además de no suministrar agua apta para el consumo humano y manejo de las aguas residuales sin el cumplimiento de los límites máximos permisibles, representan que las obras ejecutadas no están cumpliendo la función social para la cual fueron previstas.
La vinculación de Alexa Henríquez obedece a su calidad de alcaldesa en el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de diciembre de 2018, como representante legal y ordenadora del gasto, participó en la etapa de recibo final de las obras del contrato No. 033 de 10 de mayo de 2013.
En tanto, Julio Vega Ramírez, en calidad de secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte del Distrito de Riohacha, por el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2012 hasta el 3 de enero de 2016, suscribió los estudios previos del contrato No. 033 de 10 de mayo de 2013 y ejerció la supervisión del contrato de interventoría No. 058 de 29 de julio de 2013.
Manuel Torres Blanchar, en calidad de secretario de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte de Riohacha, entre el 4 de julio de 2018 hasta 6 de diciembre de 2018, ejerció la supervisión del contrato de interventoría No. 058 de 29 de julio de 2013 y recibió el proyecto y suscribió el acta de recibo final de las obras.
La Contraloría también vinculó a Isseth Tatiana Barros Brito, en su calidad de alcaldesa encargada, para el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2017 hasta el 21 de enero de 2018, quien suscribió la modificación No. 003 al Contrato de Obra No. 033 de 10 de mayo de 2013 y suscribió la modificación No. 003 al Contrato de Interventoría No. 058 de 10 de mayo de 2013.
También se vinculó a Miguel Francisco Pitre Ruiz, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Distrito, para el periodo entre el 25 de julio de 2016 hasta el 3 de julio de 2018, supervisor del contrato de interventoría No. 058 de 29 de julio de 2013.
Igualmente, el ente de control vinculó al Consorcio Aguas para un Pueblo, integrado por Yusif Habib Mustafa, Certhab Construcciones SAS, representada legalmente por Yusif Habib Mustafa y Baring Ltda, representada por Noris del Carmen Muñoz Sanjuanelo, como también al interventor del contrato, José Luis Mora Narváez.
En el documento que lleva la firma de la contralora delegada, Adriana Franco Castaño, se indica que se escuchará en diligencia de versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales vinculados al proceso ordinario.
Se vinculó como terceros civilmente responsables a Nacional de Seguros, Seguros el Estado y la Previsora SA.
