El magistrado José Fernando Reyes Cuartas expresó que “cada niño muerto por hambre nos degrada como Nación y nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro”, en el desarrollo de la sesión técnica virtual de la Corte Constitucional sobre la sentencia T302 de 2017, que tiene como objetivo que el Gobierno nacional, garanticen la vida de los niños, niñas y adolescentes wayuú de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Expresó que el grado de civilización de un país también puede medirse por el nivel de importancia que otorga a la alimentación y salud de sus niños, especialmente los más vulnerables.
Al tiempo que advirtió estudiará los informes presentados por cada una de las instituciones que deben cumplir con la sentencia T-302 de 2017, para dar a conocer las decisiones sobre el tema.
Por su parte, el subdirector del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia–, Mauricio Albarracín, solicitó que se declare el incumplimiento de la sentencia, particularmente por parte de la Presidencia de la República, al tiempo que se ordene al jefe de Estado reconocer las fallas para cumplir lo dicho por la Corte.
Expresó que la implementación de la sentencia ni siquiera ha iniciado. “Si este fuera un vehículo diríamos que ni siquiera ha arrancado”.
Albarracín precisó que es evidente un incumplimiento por parte del Gobierno nacional, el Ministerio Público y el poder judicial para materializar las ordenes de la sentencia.
Puntualizó que la primera falla es la falta de creación y puesta en marcha del mecanismo especial de seguimiento, la segunda la falta de diálogo genuino con las comunidades, la tercera la falta de datos cualitativos y cuantitativos para analizar las políticas públicas implementadas por el Estado, y la cuarta la falta de acción del Tribunal y la Procuraduría.
En ese sentido, el subdirector del Centro de Estudios de Dejusticia agregó que indispensable hacer audiencias en todo el territorio wayuú para recibir información directamente, como también crear indicadores de seguimiento para evaluar la actuación del Tribunal Superior de Riohacha.
