Recientemente y desde Riohacha, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio –Mvct– le envió un mensaje esperanzador al país, a los guajiros y especialmente a los niños y niñas wayuú.
Esta institución a diferencia de lo que ha acontecido con las fallidas intervenciones de la Nación en los sectores de la salud y educación, mantiene su apuesta por mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades rurales y se encuentra dispuesta a seguir trabajando e invirtiendo recursos para hacer que se cumpla el viejo deseo de que los wayuú de la Alta y Media Guajira sean ciudadanos colombiano con agua apta para el consumo humano de manera suficiente, de calidad y sostenible.
En el documento Conpes 3944 se implementó la prestación del servicio de agua potable en la zona rural a través de sistemas no convencionales con un esquema diferencial y sostenible establecido en el Decreto 1898 de 2016.
El modelo de prestación de servicio seleccionado para La Guajira fue el de pilas públicas, el cual consta de tres componentes: infraestructura, aseguramiento de la prestación del servicio público y gestión social.
La infraestructura, está compuesta por un punto de producción de agua potable, la pila pública principal y los módulos de servicios. A esta se le adiciona la unidad sanitaria seca, caseta con la oficina del operador, gestión de brigadas de salud, bodega de reciclaje, enramada y baños.
A la fecha están funcionando los módulos de Casa Azul (Manaure), Flor de La Frontera (Winpeshi – Uribia), Sararao (Maicao) y próximamente entrará en servicio una estación de Rumonero (Riohacha – km 18 salida a Valledupar).
Hasta aquí, todo indica que el cronograma de ejecución de obras va raudo hacia una ejecución progresiva. El problema se presenta cuando se determinan las coberturas alcanzadas y que se exponen en un comunicado oficial, precisando que la línea de base se estableció con una cobertura del 4% teniendo como fuente el Censo del 2018. A partir de allí se evolucionó al 9% en el 2019, 19% en el 2020 y en el 2021 la cobertura llegará al 49%.
La ejecución del esperanzador programa de Guajira Azul, el ambicioso programa de contratación y realización de obras en aras de conformar una vasta red de pilas públicas sostenibles en el territorio ancestral wayuú, serían las acciones claves para llegar a una cobertura del 70% al finalizar el periodo del presidente Duque, hechos que mensualmente han venido reportándose al Tribunal Superior de Riohacha, convalidándolas como atención de urgencia mientras se estructura la política pública ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 302 de 2017.
En el informe técnico de la Veeduría Ciudadana en octubre del 2020, se demostró que el modelo de pilas públicas mantiene diferentes riegos en la sostenibilidad y su cobertura debería ser ajustada, ya que muchas comunidades por fuera de los 2.5 kilómetros de radio o 5 kilómetros de diámetro que se toman para establecer la cobertura real, no tienen acceso al agua potable. Por lo tanto, su cuantificación necesariamente tiene que ser verificada a profundidad.
En relación con la línea de base que se estableció con una cobertura del 4%, el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana desarrolló un trabajo de verificación de campo durante enero de 2021 y encontró que esta se calculó teniendo en cuenta las intervenciones desarrolladas por la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira entre 2016 y 2018 por parte del Departamento de la Prosperidad Social –DPS–, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –Ungrd–, el Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Agricultura y MinVivienda, en donde se adelantaron múltiples obras pretendiendo llegar a una cobertura del 44% de la población wayuú, centradas en soluciones de agua potable para uso doméstico y consumo animal, proyectos productivos pecuarios y huertas para autoconsumo, proceso en donde se invirtieron un poco más de $70.405 millones.
De estos recursos, el Departamento de la Prosperidad Social –DPS– ejecutó $14.412 millones en 29 intervenciones de agua potable y huertas comunitarias a razón de $496 millones cada una, la mayoría de ellas lideradas por el actual gobernador de los guajiros, quien para la época oficiaba como director de la entidad.
En relación con los sistemas de producción de agua potable que incluye el pozo profundo, sistema de extracción fotovoltaica, filtraje, potabilización con planta de ósmosis inversa, almacenamiento y distribución final, las estaciones comunitarias de agua potable de Samuptio, Media Luna Jawao, Kuzutalain, Walerrapo e Ichichon en Uribia, no están en funcionamiento por daños en los sistemas de producción de agua, problemas de mantenimiento, hurto de equipos, incendio de la caseta de potabilización y falta de sostenibilidad. En Carrizal, el pozo profundo construido por el DPS no fue entregado a la comunidad y hoy una pimpina de agua de jagüey traída desde el poblado de Kaiwá cuesta $2.500.
En Manaure, las comunidades de Mapasirra, Ichien, Kasiska, Nazaret y Waraschien se encuentran en iguales condiciones y con los proyectos productivos inactivos.
En Betania y Kaanan, el líder wayuú José Ipuana señala que “el DPS nos dejó con una agua amarga, hedionda y salada”, lo que remite a pensar que los recursos invertidos en dichas iniciativas se perdieron y que en la actualidad esos proyectos no pueden servir de base para estimar coberturas efectivas de soluciones de agua potable dentro del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
En las comunidades inspeccionadas se encontró que los proyectos de agua para el consumo humano en cantidad y calidad no fueron sostenibles, ellos comenzaron a dañarse en el primer semestre del 2018, es decir, que solo operaron cerca de un año y medio de acuerdo a las bitácoras de instalación, daños y mantenimiento de la infraestructura. Concluidas las intervenciones, la gran mayoría de las familias y comunidades beneficiarias paulatinamente fueron abandonando la producción de las huertas, lo que evidencia que el trabajo en torno de los procesos de apropiación social fue limitado en el tiempo, fracturando la gestión social del proyecto y la calidad de la gobernanza de los mismos en las comunidades.
Fuente Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
