Nuevamente el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, llama la atención del Gobierno nacional para que se analice en un consejo de seguridad la situación que se vive en el departamento por la acción de grupos violentos que actúan al margen de la ley.
El tema cada día es más delicado y complejo porque los violentos siguen sembrando miedo en los territorios.
El mandatario alertó de un nuevo desplazamiento del pueblo wiwa de la Sierra Nevada, por los enfrentamientos de dos grupos al margen de la ley dedicados al tráfico de drogas y quienes intentan controlar el territorio.
Para el mandatario es injusto la situación que vive el pueblo wiwa, que no debe ser ajena al gobierno colombiano y quienes deben protegerlos.
Los dos grupos actúan en diferentes municipios de La Guajira, especialmente en el norte y la troncal del Caribe, lo que también alertó en su momento la Defensoría del Pueblo, el pasado 1 de agosto de este 2025.
Se trató de una Alerta Temprana para los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar y la ciudad de Riohacha, en razón a la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El intento por consolidarse en los cascos urbanos y las zonas rurales tiene en riesgo extremo a los habitantes de las zonas urbanas y rurales de los dos municipios y de la capital guajira, entendido como la expansión territorial, militar y política que pretende el EGC, a través de su Frente Francisco José Morelos Peñate, del Bloque Nelson Darío Hurtado, y el recrudecimiento hegemónico de las ACSN, por medio del accionar de su Frente Javier Cáceres. La actual situación puede derivar en graves impactos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH), personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales. Todas están expuestas a múltiples repertorios de violencia, que incluyen confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos prolongados, reclutamiento y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de ‘normas de conducta’, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas. Esta alerta es básicamente el fundamento de solicitud del gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, para que sea analizada en el consejo de seguridad por parte del Gobierno nacional que sigue sin ser atendida.
