por parte de la Asunción Temporal para la Educación, en cabeza de la gerente Grisela Monroy Hernández.
Las irregularidades tendrían que ver con la administración de recursos sin contar con las facultades otorgadas por la corporación, y el pago de cuentas sin registro presupuestal.
Socarrás expresó que no entiende cómo la administradora Temporal distribuyó los recursos del Distrito a los rectores, y con qué criterio jurídico y presupuestal trasladó el dinero de calidad educativa al fondo.
Además, con qué autorización distribuyó el grueso de los rubros de educación que los llevó a hacer deducciones y adiciones.
Según la cabildante, en el 2018 se registró la expedición de los diferentes CDP y RP para el Programa Mundial de Alimentos, y la contratación de personal sin ninguna autorización por parte del Concejo.
“Me causa curiosidad como aquí encuentro los giros y transferencias que se le hicieron a las instituciones educativas por $3.374 millones, hechos con situación de fondo y los 2.718 millones de pesos, sin situación de fondo, es decir, casi seis mil millones de pesos en manos de terceros”, dijo.
Argumentó, además, que no entiende cómo la administradora Temporal de la Educación trasladó cuentas a los rectores de diferentes instituciones educativas para manejar, recursos que van desde 507 millones de pesos.
“Hay instituciones rurales que se les ha girado el recurso, quieren hacer el proceso y no han podido porque no saben llevar el proceso en el Secop, no saben la aplicación de la ley 80, como hay otras instituciones que lo hicieron y pagaron con caja menor, y cuando venga el debate lo vamos a demostrar”, agregó.
La concejala explicó que tiene en su poder la distribución del recurso colegio por colegio, encontrando, por ejemplo, que en su mayoría tienen adecuación de pisos, de cubiertas y cielo raso, pintura y batería sanitaria, por un valor de seis mil millones de pesos, develando algunas irregularidades administrativas.
“Por optimización de presupuesto es preferible tomar todos los cielo rasos y hacer un solo contrato, porque la ley 80 lo reglamentó para no hacer fraccionamiento de contrato, pero aquí la señora le giró a cada colegio para que hiciera su propia necesidad y de eso se desprende presumo yo un prevaricato, y también presumo un fraccionamiento de contrato”, manifestó.
Nubia Socarrás habló también de contratos con unas fundaciones para manejo tecnológico de 504 millones de pesos, cuyos recursos se pagaron sin registro presupuestal.
“Aquí lo que ha habido es un distractor de la información, para que nosotros nos concentráramos en el servicio de transporte y alimentación y descuidáramos el tema presupuestal, pero al final estamos en el tiempo que debíamos estar porque los errores ya se cometieron”, afirmó.
Por su parte, el concejal Rafael Pérez recordó que la intervención llega hasta el 21 de febrero del 2020, además que existen intereses para continuar manejando los más de 40 mil millones de pesos de contratación.
“Uno ve las causales de la intervención y ninguno fue porque se haya perdido cantidades de dinero como presumiblemente está pasando ahora”, precisó.
De igual forma, sostuvo que la Administradora Temporal violó el principio de publicaciones de la contratación, porque existen evidencias de contratos que se firmaron el 3 de enero pero aparecieron publicados hasta el 26 de julio, cuando la ley establece que deben ser publicados dentro de los tres días siguientes a la transparencia del proceso.
“La doctora Grisela debe explicar con qué facultades se auto expedían los CDP, que es algo gravísimo porque se ha generado un desorden mayor, amén de otras acciones ilegales que han realizado”, alegó.
Al final, Pérez apuntó que el Concejo es una entidad de seguimiento, vigilancia y control, y por tanto se deben verificar posibles errores cometidos por la Administración Temporal en la contratación de algunos docentes y en el primer contrato de transporte escolar.
