“Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al instalar el foro ‘Perspectivas sobre la crisis penitenciaria y carcelaria: retos y soluciones’, adelantado en asocio con la Universidad Externado de Colombia.
“Debemos pensar, por ejemplo, en penas relacionadas con trabajo comunitario que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas, es también virar el rumbo hacia una justicia más útil y provechosa tanto para el infractor como para la sociedad misma», dijo el Defensor del Pueblo.
En el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se evidencia un alarmante hacinamiento, que para agosto de 2022 llegó al 177% en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas; y del 20% en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, con una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad.
«Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar de primera mano que las cifras de hacinamiento no solo reflejan una ausencia de espacio vital sino que representan verdaderas condiciones de indignidad humana», aseguró Carlos Camargo.
Pese a la grave situación de derechos humanos que la Defensoría del Pueblo ha evidenciado permanentemente al interior de los establecimientos penitenciarios, dada por las precarias condiciones del acceso al servicio a la salud y las demoras en la impartición de justicia, la acción institucional se ha caracterizado por una política criminal reactiva que va de la mano de un aumento generalizado de penas, creación de nuevas conductas delictivas y prohibición de la concesión de beneficios y subrogados.
De esta manera, se ha pretendido solventar la crisis mediante la construcción de nuevos centros penitenciarios para un aumento de cupos carcelarios que, inclusive antes de su terminación, se quedan cortos ante la demanda generada por nuevas condenas.
Ante estas deficiencias, el Defensor del Pueblo reitera que “es necesario contar con una política criminal coherente que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso, permitiendo que las soluciones de los conflictos provengan de otras medidas menos lesivas y de políticas sociales que verdaderamente resuelvan los problemas estructurales de raíz».
Dentro de las alternativas de solución a la crisis penitenciaria y carcelaria, la Defensoría del Pueblo destaca una nueva concepción de las penas que vaya de la mano de oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad, la atención a la población pospenada para asegurar su resocialización de evitar la reincidencia, y la aplicación de medidas con contenido restaurativo que faciliten la reconstrucción de los lazos rotos a causa del delito.
