Si el Consejo de Estado falla en contra de Cerrejón una demanda de nulidad simple que fue admitida, se podrían presentar dos situaciones delicadas: cerrar la empresa porque no se tendría un permiso de cómo funcionar y afectaría al menos 12 mil familias que dependen de la operación, según el presidente de la compañía, Guillermo Fonseca Onofre.
Dijo que se afectaría, además, el presupuesto de regalías de la Nación, puesto el año pasado la compañía pagó 250 millones de dólares en por ese concepto, además del ingreso fiscal en donde en impuesto cancelaron una cifra similar.
“Hay que tener en cuenta que si el fallo es a favor de los demandantes, la misma lógica que le aplican a Cerrejón se la podrán aplicar a todos los permisos y licencias ambientales que hay, y eso sugeriría que todas las licencias ambientales del país tienen los mismos vicios que está alegando la demanda, lo cual sería gravísimo porque eso podría llegar a paralizar la economía colombiana”, dijo.
En ese mismo sentido, Fonseca Onofre manifestó su preocupación en el sentido que se ponga en entre dicho la forma en que Cerrejón opera y la legitimidad y la buena fe como han venido trabajando.
Añadió que las operaciones, permisos y cumplimientos ambientales se solicitan de acuerdo a las legislaciones vigentes y a lo que dictan las autoridades ambientales.
“Que se ponga eso en cuestionamiento nos preocupa, y también que a través de esta demanda se desinforme a la opinión pública haciéndole creer en que los problemas que sufre La Guajira son consecuencia de las operaciones de Cerrejón”, dijo.
En ese mismo sentido, el presidente de Cerrejón informó que se está preparando la respuesta legal a la demanda dentro de los plazos y términos que determina ley, luego cuentan con unos días para dar respuesta a las medidas de precaución que se han solicitado para suspender provisionalmente la operación de Cerrejón y posteriormente contarán con un poco más de tiempo para la respuesta a la acción.
“Estamos dando a conocer a la opinión pública lo que está ocurriendo porque las implicaciones de lo que está ocurriendo son tan grandes que La Guajira, la organización y el país tienen que ser consciente de lo que está pasando”, sostuvo.
Agregó que se está trabajando en coordinación con el Gobierno la respuesta al requerimiento legal, porque los únicos demandados no solo son Cerrejón, puesto que se incluyó a la Agencia Nacional Minera, la Anla y el Ministerio de Medio Ambiente.
“Son implicaciones serias, porque pueden dictar unas medidas de precaución a la compañía pidiéndole que suspenda provisionalmente las operaciones mientras el Consejo de Estado está deliberando sobre el fallo, y eso inmediatamente tendría un impacto sobre las operaciones en los empleos”, acotó.