La Corte Constitucional entre 2016 y 2017 pudo constatar que en La Guajira ocurría una violación generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a la participación del pueblo wayuú, el cual representa un poco más del 45% de la población departamental.
Con la expedición de la Sentencia T-302 de 2017 la Corte Constitucional mostró la grave situación de vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuú y declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Para ello se valoraron seis factores relevantes: I) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a las personas; II) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; III) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; IV) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; V) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiriendo la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante y, VI) las personas afectadas por el mismo problema acudieron a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos generándose congestión judicial.
En su decisión la Corte le ordenó a 25 diferentes instituciones del Gobierno en sus tres niveles, estructurar y ejecutar un plan de acción protegiendo los derechos de acceso al agua, alimentos y seguridad alimentaria, salud y a la participación de las comunidades, acciones que deben alinearse a los ocho objetivos mínimos constitucionales señalados en la Sentencia, e impactar positivamente los cuatro indicadores de evaluación para la superación del estado de cosas inconstitucional. En el fallo se dieron aproximadamente 210 instrucciones a las instituciones accionadas, imponiéndoles retos de gran magnitud al Estado Social de derecho y al ejercicio de la democracia.
El estado de cosas inconstitucional en La Guajira muestra un caso específico en donde opera la hipótesis de la “maldición de los recursos naturales”, evidenciando las disfuncionalidades del Estado colombiano, su grado de desarticulación, los tipos y la calidad de las repuestas de sus instituciones frente a críticas realidades sociales y económicas que trascienden las que generalmente se encuentran al estudiar los procesos regionales, la descentralización y autonomía regional.
Después de más de tres años de la expedición de la Sentencia, La Guajira aún no cuenta con un plan de acción articulado como resultado del trabajo conjunto de las entidades accionadas en cabeza de la Presidencia de la República, que permitan cumplir integralmente con las órdenes de la Corte Constitucional. Este plan se debe construir con la participación activa de las autoridades y organizaciones indígenas, bajo los principios de la autodeterminación e interacción, proceso de interlocución que no puede ser reducido a una simple mesa de socialización, consulta, acciones y relaciones unilaterales.
Consecuencias de aplazamientos
La negligencia de las actuaciones gubernamentales para presentar e iniciar la ejecución del plan, tiene un costo tangible de 63 vidas de niños y niñas wayuú que han fallecido durante los constantes aplazamientos del cumplimiento de la Sentencia; y una gran cantidad de niños que no han sido medidos, que crecen en condiciones de desnutrición crónica y aguda.
Esta situación que persiste y se reproduce en la adultez, afecta su desarrollo físico y motor; limita sus capacidades cognitivas, disminuye las capacidades de relacionamiento con la sociedad y el desempeño productivo, significativos para superar condiciones de pobreza extrema e inequidad.
Con el nivel de gestión institucional, La Guajira nos aproxima a respuestas contradictorias de las políticas públicas, observándose la desarticulación entre entidades, ofertas asimétricas y las fallas de gestión del 24% de las entidades del Gobierno nacional (16 de 68 instituciones) develando la crudeza de la realidad social del territorio.
Todo indica que las instituciones y agencias públicas no se encuentran preparadas y orientadas para crear condiciones de equidad, sino dispuestas a establecer relaciones de adscripción y reproducción político–administrativa, mantener el statu quo desde respuestas basadas solo en disponibilidad de recursos.
Esto genera inversiones decididas unilateralmente, paliativas, intrascendentes, superfluas e incapaces de dinamizar el desarrollo en un territorio que requiere que se igualen las normas sociales de consumo colectivo con más presencia del Estado y más mercado.
A pesar de que el panorama planteado parece desolador, la finalidad del informe no es criticar las acciones desarrolladas en torno al cumplimiento de esta Sentencia.
Por el contrario, se busca exponer las dificultades encontradas y generar recomendaciones que sean acogidas para que de manera proactiva se logre la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Es decir, más allá de buscar errores, se trata de contribuir en los hallazgos y construcción de posibilidades y alternativas efectivas, que permitan la garantía de los derechos de los menores wayuú y consecuentemente la pervivencia de este pueblo.
Los resultados están a la vista y se exponen en diferentes secciones, destacándose los planteamientos metodológicos para el abordamiento de la investigación y verificación que se realizaron a través de la lectura detallada del expediente, la implementación de encuestas, entrevistas comunitarias e institucionales.
En el documento se presentan el contexto social y económico de La Guajira, la comprensión de la Sentencia, la descripción del proyecto de la Veeduría, las relaciones entre la Sentencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y los planes de desarrollo territoriales, un inventario de las actuaciones judiciales, se describen y se analizan las ejecuciones de los accionados por fases en consistencia con los objetivos mínimos constitucionales, la revisión de los indicadores para la superación del estado de cosas inconstitucional, las acciones emprendidas por la Veeduría, las comunicaciones enviadas y los tipos de respuestas de las instituciones, las percepciones de las comunidades sobre el cumplimiento de las órdenes de la Corte y su apropiación social. También se presentan conclusiones y recomendaciones.
En este documento de Veeduría ciudadana a la implementación de la Sentencia T- 302 de 2017, llama la atención sobre posibles omisiones administrativas de las instituciones involucradas. En el expediente reposan informes y alarmas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y las organizaciones indígenas, quejas que no han sido escuchadas y poco se investiga frente a las dilaciones de los funcionarios que tienen la responsabilidad de su ejecución.
El equipo interdisciplinario de la Veeduría también ha identificado diversos obstáculos que se presentan para el efectivo cumplimiento. Uno de los más relevantes está centrado en la no disposición de un sistema de información de seguimiento a los cuatro indicadores que son objeto de verificación por parte de la Corte Constitucional.
Igualmente, sobre el número y la ubicación de las comunidades, pues hay inconsistencias entre los datos del Dane, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto de Bienestar Familiar y las entidades territoriales.
Fuente Veeduría a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
