La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces secretario de Desarrollo Económico de La Guajira, Alberto Carlos Ariza Cujia, por presuntas anomalías en la supervisión de un convenio de asistencia técnica y desarrollo social suscrito por más de $ 6.300 millones.
Los hechos están relacionados con un convenio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para beneficio de 450 familias caficultoras de la frontera colombo venezolana para garantizar, entre otros aspectos, el retorno de los campesinos a su tierra.
El ente de control señaló que Ariza Cujia, al parecer, no ejerció a cabalidad su función como supervisor, pues no habría realizado el seguimiento, control y vigilancia correspondiente al cumplimiento del objeto contractual y, pese a todos los retrasos presentados, permitió seguir con su ejecución.
Las pruebas recaudadas muestran que siempre se presentó un bajo nivel de cumplimiento de las metas propuestas, razón por la cual la interventoría realizó diferentes llamados de atención a la supervisión ejercida por el exsecretario, quien habría hecho caso omiso a la solución de las debilidades encontradas en la ejecución.
La conducta fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal como falta gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental de sus deberes.
