Una fuerte controversia política y social ha generado la instrucción dada por el presidente Gustavo Petro de coordinar acciones de inteligencia y operaciones conjuntas entre las Fuerzas Militares de Colombia y las de Venezuela. La orden, dirigida al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, busca establecer una articulación directa con el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha despertado críticas desde diversos sectores.
El exministro de Justicia y actual precandidato presidencial, Wilson Ruiz, calificó la decisión como un acto de “sumisión” frente a lo que denominó “el Cartel de los Soles y el régimen narcoterrorista de Venezuela”. Según Ruiz, esta medida representa un riesgo para la soberanía del país, advirtiendo que habrá resistencia “en las calles, en los tribunales y en las urnas” para evitar lo que considera una entrega del Estado colombiano.
Por su parte, la periodista y también precandidata presidencial, Vicky Dávila, se pronunció de manera enérgica durante una manifestación en la que, con megáfono en mano, pidió a los miembros de la Fuerza Pública “no obedecer” la directriz presidencial. En sus declaraciones, cuestionó que los militares colombianos sean obligados a coordinarse con estructuras asociadas al narcotráfico.
A las críticas también se sumó el coronel (r) Carlos Soler, quien en entrevista con Blu Radio recordó que Colombia no reconoce al gobierno venezolano, por lo que cualquier acuerdo de cooperación sería una legitimación implícita. En la misma línea, el consultor en seguridad nacional, Manfred Grautoff, señaló que las declaraciones de Petro son “totalmente inconvenientes”, al considerar que significan compartir información sensible con un país que históricamente ha tenido posiciones hostiles frente a Colombia.
La decisión presidencial ha abierto un nuevo frente de debate sobre la política exterior y de seguridad nacional, en medio de un escenario marcado por las tensiones políticas internas y las aspiraciones presidenciales de distintos sectores.
