La organización Nación Wayuu, dirigida por el líder José Silva, declararon el cierre de la red férrea, que permite el transporte del carbón que se extrae en las Minas de la empresa Cerrejón, con destino a Puerto Bolívar, para su exportación.
Los sectores de autoridades tradicionales, que respaldan esta protesta, exigen la devolución de las regalías para el departamento de La Guajira a partir de este año y hasta que cese la operación minera.
Cabe destacar que esta decisión de devolver las regalías al departamento de La Guajira, se encuentra en mano del gobierno nacional, que hace unos años decidió recortar el manejo directo de estos recursos a los entes territoriales.
Las autoridades tradicionales adscritas al Movimiento Indígena Nación Wayuu, en representación de sus comunidades, revelan que se sienten afectadas ambiental, cultural, social y espiritualmente por la operación minera de la empresa Cerrejón, decidieron cerrar sus territorios ancestrales e impedir que el tren que transporta carbón hasta las instalaciones de Puerto Bolívar en la alta Guajira siga transitando por sus espacios.
Cae recordar que, el mes pasado cuando fue anunciada la ‘Hora cero’ se advirtió dicho bloqueo a la empresa Cerrejón y posteriormente, en la mesa de diálogo desarrollada con la Gobernación de La Guajira, el Movimiento Indígena dejó en claro que este cierre no estaba en negociación dado a los atropellos que se han venido cometiendo con algunas comunidades. Desde entonces, las autoridades tradicionales se declararon en asamblea permanente y tras no recibir soluciones, procedieron a cerrar sus territorios ancestrales, divididos y fragmentados por la línea férrea.
Entre el pliego de peticiones que hacen las autoridades tradicionales al Estado y a Cerrejón, se encuentra el inicio inmediato de la consulta previa a comunidades como Moolu y Atapud, ubicadas en la alta Guajira, las cuales fueron certificadas con anterioridad por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que, hasta la fecha, se haya surtido ese proceso.
Asimismo, exigen el reconocimiento total y absoluto de la comunidad Moolu por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia y de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Aseguran que el acta de posesión de la autoridad tradicional, sin justa causa y de manera arbitraria, le fue revocada.
Por otro lado, reclaman el reconocimiento y restablecimiento total de los derechos de la comunidad Luwopu, ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, la cual, manifiestan, fue desplazada de sus territorios ancestrales a causa de la operación minera y actualmente, en el territorio donde se han resguardado por más de 30 años, están siendo afectados e impactados ambientales, cultural, social y espiritualmente, con graves riesgos de desaparecer como comunidad.
Otra de sus exigencias es la devolución de los recursos de regalía para el departamento de La Guajira a partir de la vigencia 2025 y hasta que cese la operación minera; así como también información detallada de las obras que se han realizado en el departamento con los dineros provenientes de dichos recursos.
“En La Guajira no hay un solo proyecto de relevancia en el territorio que se haya ejecutado con recursos de regalías o de responsabilidad social de Cerrejón. Esta empresa le está entregando billonarios recursos anuales al Estado por concepto de regalías, sin embargo, no se ven reflejados en La Guajira y mucho menos en los territorios indígenas, donde mueren alrededor de 10 niños semanalmente”, resaltó el director del Movimiento Indígena Nación Wayuu, José Silva Duarte.
Por ejemplo, por el carbón que produjo en La Guajira durante el 2022, Cerrejón pagó más de 2 billones de pesos por impuesto sobre la renta, así como casi 1,5 billones
