Un mes, es el plazo que la Corte Constitucional le está dando al Gobierno nacional para que entregue completamente el plan de acción para superar la crisis por la muerte de los menores de edad en el departamento de La Guajira.
El ultimátum ordenado por la Sala de Seguimiento del alto tribunal, es para presentar un Plan de Acción Integrado y Unificado, de acuerdo con lo estipulado en la Sentencia T- 302 de 2017.
“Si bien el Plan intenta mostrarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no da luces de haberse realizado con el mismo rigor”, se lee en el documento de la Corte.
En tal sentido, el auto firmado por el magistrado José Fernando Reyes ordena lo siguiente:
“A la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane; al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; a la Superintendencia Nacional de Salud; a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de Acción Integrado y unificado a los criterios señalados en la parte motiva de esta providencia. Los ajustes deberán enviarse a esta corporación en un mes”.
Indica la Corte que de cinco componentes de este plan que contempla un presupuesto de 1.2 billones de pesos, no cumplen los componentes de derecho a la información (con un presupuesto de $38.292.329.113); derecho a la seguridad alimentaria ($513.289.073.341); derecho al agua ($300.786.113.531); ni derecho a la salud ($59.933.914.092).
A través de la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuú de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao donde se presenta una alta mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición.
