En la Comisión Tercera del Senado de la República, se cumplió un debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al titular de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre la crítica situación que afronta la región Caribe colombiana por la prestación de los servicios de energía eléctrica.
La citante fue la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, quien hizo amplia disertación sobre el tema, llamando la atención del Gobierno nacional en el sentido de que las comunidades de esa región de Colombia, en un futuro inmediato, deberán “decidir entre pagar las facturas de electricidad o comprar mercado para subsistir”.
La senadora informó que la situación que se vive en departamentos como Córdoba, Magdalena, Sucre, Bolívar y Atlántico es de alto riesgo por el constante deterioro en la prestación del servicio que afecta, principalmente poblaciones de muy bajos recursos económicos lo mismo que a instituciones educativas, clínicas y hospitales.
Denunció que generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y toda la cadena está “plena de problemas provocando el cobro de tarifas altísimas para usuarios, que en muchos casos son impagables”.
El senador Mauricio Gómez Amín, criticó la actitud del Gobierno nacional, frente a tan delicado tema, porque, según sus palabras, influye negativamente entre la población “obstaculizando su competitividad, el bolsillo y deteriorando la calidad de vida”. Denunció que el Ejecutivo nombró un interventor, “pero ese personaje se convirtió en interventor político desatendiendo sus funciones originales frente a las comunidades”.
Imelda Daza, senadora del Partido Comunes, pidió juego limpio en el debate, denunciado que Afinia, una de las empresas que presta el servicio de energía eléctrica en el Caribe, abusa de los habitantes de la región. Dijo que, con justificaciones “gaseosas, todos los domingos o días festivos suspenden el servicio por supuestas reparaciones del sistema”, pero insistió que la interrupción se debe a ahorro de energía por parte de la empresa, mientras que las facturas “son altas y nunca reflejan bajas en sus costos”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, e integrante de la Comisión Tercera y quien pertenece al Partido Conservador colombiano, también hizo una amplia exposición sobre la crisis del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, revelando que los retrasos en la expedición de las licencias ambientales impiden la construcción de proyectos que demoran hasta tres o cuatro años “y mientras tanto la gente sufre esas implicaciones negativas por el mal servicio de energía”.
Señaló que en la costa solo hay una hidroeléctrica, que es la de Urrá y que las demás termoeléctricas generan energías costosas, “precios difíciles de cubrir por las comunidades de la región, cuyos ingresos, generalmente, provienen de economías informales”.
Javier Campillo, viceministro de Minas y Energía, respondió que desde Findeter, se ha generado un portafolio de crédito para empresas comercializadoras de energía con el objeto de que puedan responder y funcionar frente “a la opción tarifaria y garantizar de esta manera los servicios de energía eléctrica en la costa norte de Colombia”.
