El inicio de la contienda electoral en Colombia ha vuelto a poner en el centro del debate la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La discusión se intensificó luego de que el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunciara que, de llegar al poder, impulsaría el desmonte de este tribunal creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La JEP, establecida en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, tiene como objetivo investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado, incluyendo secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Su funcionamiento cuenta con respaldo constitucional, lo que implica que cualquier intento de eliminarla requeriría reformas profundas, tanto en el Congreso como en la arquitectura jurídica del Estado.
La propuesta de De la Espriella no es aislada. Desde sectores políticos afines, figuras como la senadora Paloma Valencia han planteado la necesidad de modificar o incluso suprimir este sistema, argumentando que no ha logrado garantizar justicia efectiva para las víctimas. Estas posturas contrastan con quienes defienden la JEP como un mecanismo clave para esclarecer la verdad del conflicto armado.
En medio de este escenario, el candidato también generó controversia por declaraciones contra el senador Iván Cepeda, a quien señaló de supuesta intervención en decisiones del tribunal, sin presentar pruebas. Asimismo, lanzó acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, vinculándolo con hechos como el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, afirmaciones que hasta el momento no cuentan con sustento judicial.
Estos señalamientos han sido rechazados por diversos sectores, que advierten sobre el riesgo de trasladar acusaciones sin evidencia al debate político. Cepeda ha insistido en que cualquier denuncia debe presentarse ante las autoridades competentes, mientras que analistas han llamado a mantener el debate en el terreno institucional.
Con posturas cada vez más marcadas frente al acuerdo de paz, el futuro de la JEP se consolida como uno de los ejes centrales del debate político rumbo a 2026, en un contexto donde se enfrentan visiones opuestas sobre cómo garantizar justicia, verdad y reparación tras décadas de conflicto armado.
