El herbicida glifosato utilizado para la erradicación de los cultivos de coca, ha esterilizado la tierra por efectos colaterales de las aspersiones aéreas, cuyo resultados nocivos contaminan cultivos de pan coger sin que el Gobierno de Colombia, ni mucho menos el de Estados Unidos, asuman responsabilidades reparatorias por tolerar, patrocinar y financiar operaciones de fumigación, ocasionando daños y perjuicios directos e indirectos, como ocurrió en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en La Guajira, resultando víctima de deformación humana, en una niña especial que aún se encuentra con vida, como prueba para mostrar la consecuencia del rocío de fumigación que recibió la señora madre de la niña durante el embarazo, sin que hasta la fecha hayan sus progenitores recibido una atención ordinaria, ni especial, y mucho menos ninguna clase de ayuda.
El herbicida fue prohibido en el año 2015, por la Corte Constitucional, debido a los efectos contaminantes y los daños a la salud humana, clasificando el glifosato como un producto cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud-OMS. El uso del herbicida está prohibido en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, Brasil, Uruguay, México, Unión Europea, Vietnam, Nueva Zelanda, entre otros; porque altera el microbioma del suelo y ponen en peligro la polinización con el envenenamiento de abejas y aves.
El glifosato es un producto farmacéutico de origen americano, negociado por Bayer de Alemania, que adquirió en compra la matriz productora americana Monsanto en el año 2018, asumiendo costos indemnizatorios de demandadas a habitantes en Estados Unidos, antes de traspasar los derechos, tanto industrial como comercial a Bayer, condicionada a asumir la obligación de pagar la condena judicial en la suma inicial de USD 7250 millones de dólares, equivalente a $30 billones de pesos colombianos, para reparar y cubrir una parte de los daños de salud por el cáncer, por omitir la advertencia relacionada con el riesgo y peligro que se origina como resultado de las operaciones del herbicida. De haberlo hecho el productor, de manera preventiva, lo eximía de la responsabilidad y obligación de reparación, según disposiciones estadounienses.
Más de 130.000 personas en EE.UU. que resultaron afectadas de cáncer como consecuencia de manejos de fumigaciones con glifosato, reclaman reparaciones por perdidas múltiples de vidas, además de quienes se encuentran en atención y tratamientos oncológicos. La farmacéutica Bayer, a sabiendas de los graves daños por el producto herbicida, no desiste de su uso por la jugosa rentabilidad que genera en el negocios de estado, en la comercialización de alta demanda, en ventas utilizadas en Colombia, en fumigaciones atizando violencias y complacencia sobre pretensiones del Gobierno estadounidense, que exige cumplimiento al Gobierno de turno para garantizar la certificación, pero no controla el tráfico, comercialización y consumo internamente en sus estados.
No entiendo por qué el Gobierno del presidente Gustavo Petro entra en contradicción, cuando ejerció como parlamentario, en Cámara y Senado, cuestionaba fuertemente las aspersiones aéreas con glifosato en los cultivos de coca, porque generaba contaminación en el aire, agua y tierra, deteriorando el uso del suelo. En igual forma, también cuestiona las explotaciones mineras de hidrocarburos y carbón, justificando proteger el medio ambiente y promover la educación de un ambiente sano, negando y suspendiendo tramites de licencias para las exploraciones y explotaciones de petróleo, gas y carbón; en especial, la negativa de erradicar el uso de prácticas relacionadas con tecnología fracking.
Ahora el mandatario, sin opinión, ni comentario, reversa tragándose su férrea oposición y autoriza nuevamente las aspersiones con drones, contra una Sentencia judicial de prohibición expedida por la Honorable Corte Constitucional hace 10 años. ¿De qué sirve el poder judicial si no hace valer sus decisiones y frena una acción prohibida, relacionada con fumigaciones de cultivos de coca? ¿Será que el presidente Petro, por miedo al Gobierno de Estado Unido, ejercido por el presidente Donald Trump, procede a cambiar, violando la prohibición sentenciada?
La clase política guarda un frío silencio colocándose en entre dicho y aceptando de manera pasiva y sumisa la reapertura de la erradicación de cultivos de coca con aspersión aérea de drones, para ceder bajo amenazas de sanciones o complacer exigencias y pretensiones contrarias al Estado de Derecho, no obstante de tratarse de un producto venenoso para la salud humana y el medio ambiente por ser contaminante y cancerígeno. ¿De qué sirve nuestro régimen democrático, frente a los tres poderes públicos y órganos de control; si permiten imperar órdenes extranjeras, sobre las normatividades constitucionales y legales vigentes y jurisprudencias judiciales? ¿En qué quedan o de qué sirve tener instituciones, en la República?
Con la fumigación no será nada fácil cumplir el objetivo de erradicación masiva de cultivos de coca, de los que sobreviven muchos campesinos, marginados y abandonados por el Gobierno nacional, que no garantiza ofertas de servicio laboral, ni medios de trabajo en territorios manejados y dominados, a falta de Gobierno, por organizaciones armadas delincuenciales al margen de la Ley. La operación de aspersión de glifosato tiene un costo de $70 millones por hectárea, un gran negocio sin control, generador de violencia en los territorios que se lleven a cabo, provocando choque y enfrentamiento de campesinos con el Ejército y la Policía, originando consecuencias impredecibles por oposición y resistencia contra las fumigaciones.
No es lógico fomentar violencia, cuando se hace alusión a ‘paz total’, defendiendo un producto contaminante en el medio ambiente y cancerígeno en la salud humana. De nada han servido las fumigaciones superiores a un millón de hectáreas durante más de 40 años, como tampoco los anuncios de sustitución de cultivos que no se cumplen, engañando a los campesinos que tienen intenciones colectivas de cambiar el asunto y dedicarse a otros programas agrícolas de cultivos, estructurados con implementación de vías terciaria, garantizando el mercadeo comercial de la producción.
El problema no se resuelve ni subsana regalando dinero a comunidades campesinas para erradicación manual dejándolos en las mismas. Cuando no puedas con tu enemigo, únete a él en consolidación de paz. No sigan botando billones de pesos en erradicaciones de cultivos de coca porque mientras haya demanda y grandes consumos que arrojan jugosos ingresos económicos no faltará quienes desafíen restricciones a cualquier costo, perpetuándose con conflictos bélicos en medio del terror, horror y sobresaltos, dejando masacres, heridos y muchas víctimas.
