En Colombia nos hemos acostumbrado a ver la tragedia de los niños wayuú como una noticia cíclica. Aparece en los medios cuando mueren por hambre en La Guajira, indigna por unos días y luego se esfuma, sepultada entre el ruido político y los escándalos de turno.
Sin embargo, el 15 de agosto de 2025, la Corte Constitucional nos recordó que el problema no ha cambiado: calificó de ‘inadmisible’ el bajo nivel de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, aquella que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos al agua, la alimentación y la salud de la niñez wayuú.
Han pasado ocho años y seguimos en el mismo punto. La Corte ordenó metas, planes y rutas; el Estado respondió con documentos, comités y programas. Y, aun así, los resultados son mínimos. La realidad es que lo que existe hoy no es un fallo incumplido, sino un pagaré de dignidad vencido que el Estado colombiano se niega a saldar.
En mi opinión, el problema de fondo es que el Gobierno —este y los anteriores— ha tratado el fallo como un listado de obligaciones de medios: entregar alimentos, contratar operadores, firmar convenios. Pero lo que la Constitución exige es un deber de resultados: que los niños dejen de morir.
Es necesario que avancemos hacia una tutela ejecutiva intercultural debido a que las órdenes estructurales de la Corte no pueden seguir siendo mandatos generales. Deben traducirse en contratos con pagos condicionados a resultados verificables. La normatividad ya lo permite: la Ley contempla esquemas de contratación pública que pueden diseñarse bajo la lógica de patrimonios autónomos o fiducias.
Traduzcámoslo en términos simples: si una comunidad logra reducir la desnutrición aguda, se paga; si el agua fluye de manera continua, se paga. Pero si no hay resultados, no puede seguir fluyendo el dinero que alimenta la corrupción. Y subrayo lo de intercultural: médicos bilingües, partería tradicional articulada con rutas de riesgo y respeto por la cosmovisión wayuú. De lo contrario, la ayuda externa se percibe como imposición y no como acompañamiento.
De hecho, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la niñez wayuú. Diez años después, con el incumplimiento sostenido, lo razonable es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas provisionales y, en su momento, reparaciones transformadoras.
Para no quedarnos en diagnósticos, se pueden plantear acciones que podrían cambiar la lógica del incumplimiento:
Primero, indicadores de resultado obligatorios, con corte trimestral por ranchería y publicación en tiempo real en el micrositio de la Corte. Segundo, giros de dinero condicionados a resultados, mediante patrimonios autónomos administrados con participación de veedurías wayuú. Tercero, un semáforo de riesgo vital: comunidades en rojo dos cortes seguidos activarían un equipo de respuesta rápida con facultades excepcionales para contratar de manera ágil salud, agua y alimentos. Cuarto, blindaje presupuestal: prohibir recortes intra-anuales en los rubros de salud, agua y alimentación infantil. La regresividad, en este caso, es inconstitucional. Por último, control de convencionalidad para escalar los incumplimientos al sistema interamericano para que exista un monitoreo externo y permanente.
En síntesis, el actual Gobierno se escuda en culpar a los gobiernos pasados. Pero después de tres años de administración, seguir mirando por el retrovisor es un acto de irresponsabilidad. La niñez wayuú no puede esperar a que el Gobierno central y las autoridades locales se pongan de acuerdo en quién tiene la culpa. Cada día que pasa sin medidas efectivas, muere un niño más, y con él, muere también un pedazo de nuestra dignidad nacional.
Ahora bien, no necesitamos una nueva sentencia, ni un nuevo Decreto, ni otro anuncio presidencial. Lo que necesitamos es ejecutar lo que ya está dicho con mecanismos que amarren presupuesto, contratos, indicadores y cultura. De lo contrario, seguiremos acumulando comunicados solemnes y funerales silenciosos. Y el pagaré de dignidad —el de cada niño wayuú— seguirá vencido, con el Estado colombiano como su deudor moroso.
