El Covid-19 es una epidemia que no solo ha afectado la salud de personas, ocasionando la terrible catástrofe humana que padece el mundo, sino que también, está conllevando desajustes y descontroles operativos en manejos económicos, presupuestales y en acciones productivas, comerciales y de consumo.
La pandemia, por lo que se vislumbra, va para largo, con variantes y mutaciones que registran autoridades, recomendando aislamiento, tapabocas y lavado de manos; practicando pruebas y aplicando vacunas.
El Gobierno de Colombia suscribió una serie de convenios internacionales relacionados con Tratado de Libre Comercio con EE. UU., Unión Europea y otras naciones en particular, cuyo objetivo es comercializar ventas de bienes y servicios en el mercadeo de importación y exportación con cero pago de impuestos en aranceles y transferencias de remesas.
Lo grave del asunto es que los citados tratados en nada han beneficiado a nuestra nación y antes por el contrario, terminaron por arruinar el agro. Los tratados los firmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, avalado por un Congreso, de mayoría corrupta, alineado a la política neoliberal, donde el Estado lo echan a un lado sustituyéndolo por personas particulares para que las exploten económicamente con facultades y atribuciones de manejos y usufructos en beneficios, mientras el Estado asume la responsabilidad de garante por obligaciones y perjuicios que se causen y no sean resarcidos, ni saneados por concesionarios, culpable benefactor.
En el TLC no valoraron ventajas y desventajas en intereses y conveniencia competitivas de mercado, lo que está ocasionando quiebra en la agricultura criolla, que genera producción de alimentos sin subsidio de gobiernos, asumiendo los agricultores altos costos en adecuación de tierras, reguíos, semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, asistencias técnicas, etc., a diferencia de los países con quienes suscribieron los convenios, que subsidian la agricultura, pero a la vez, se benefician de la rentabilidad que originan con las ventas de sus productos, en mercados locales, regionales e internacionales.
Los tratados de comercio únicamente favorecen a los receptores intermediarios que adquieren franquicia para comercializar marcas y productos manufacturados o procesados al granel y natural. Diariamente llegan a los puertos marítimos y aéreos toneladas de productos que no dejan ni un peso para trámites aduaneros, ni mucho menos para recoger las basuras que se acumulan de los empaques, mientras los campesinos abandonan el campo por falta de garantías y apoyo de quienes gobiernan.
¿Cómo competir con gigantes o reactivar la economía precaria y deprimente en tiempo de pandemia? Si aplicara una tarifa equivalente al 1% en arancel aduanero a importaciones y remesas, en transferencias financieras hacia el exterior, sobre el 80% de los productos exentos que ingresan diariamente al territorio nacional, en nada afectaría el comercio, ni el consumo; pero beneficiaria mucho a la nación, por volúmenes de elementos, artículos y mercancías; importadas, gravables.
Lo que exporta Colombia es inferior del 10% de lo que importan del exterior, sacándonos recursos económicos. Faltan gestiones diplomáticas en embajadas y consulados para promover, gestionar, vender e intercambiar productos de manera cultural y comercial.
El dólar sobrepasó el valor de $4.000. Se ha privilegiada en alza constante de su precio. El gobierno de Iván Duque inició con el dólar en $2.800. El incremento de la divisa extranjera, la escasez de productos, por motivos de restricciones, limitaciones y congestionamientos portuarios generado por el Covid disparan la carestía y suben los precios de productos, sobre todo, los de consumo habitual, de la canasta domestica familiar, devaluando la moneda nacional frente al dólar, generando de hecho inflación, descompensando incrementos del salario mínimo.
Los tratados deben ser objeto de revisión por quien resulte elegido presidente para formalizarlos a contraprestaciones entre importaciones y exportaciones, proteger al agricultor y subsidiar costos de producción agraria, graduar tarifas arancelarias, donde las exenciones sean mínimas y especial.
Se requiere de política nacional prestándole mayor atención al campo, tecnificándolo y promoviendo emprendimiento competitivo comercial para mejorar el estado de pobreza, que agobia y desestimula.
El agro y la educación deben ser prioridad para salir adelante, generando empleo y servicios laborales, pero es necesario atenderlo y utilizarlo de la mejor forma para mantener la vitalidad fertilizante, originando bienestar ambiental y nutrición personal.
Las alzas y bajas del dólar son relativas, pero absorben y extraen recursos económicos con el consumo de productos importados, desbalanceando bases de soportes y amparos relacionados con ingresos presupuestales, como también, rentabilidades tributarias que amortigüen la deuda interna, elevada como consecuencia de la subida del dólar en pandemia y TLC.
