En el sistema de salud colombiano se consideran desde el marco legislativo actual, seis competencias: rectoría, modulación, financiamiento, aseguramiento, salud pública y prestación de servicios. La rectoría, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, integra la dirección, orientación y conducción del sistema, la inspección, vigilancia y control del sector, es llevada a cabo de manera conjunta por la Superintendencia Nacional de Salud y las Secretarías de Salud departamentales.
Los hospitales son las células fundamentales de la prestación de los servicios de salud en cualquier sociedad y se comporta como una empresa productora de servicios hospitalarios, con una función de producción y una serie de entradas que son transformadas en el proceso, lo que da como resultado un producto hospitalario. Los gerentes son los responsables de la oferta y la demanda las dan las diferentes EPS con sus afiliados. El Ministerio de Salud fijó, a través de la Resolución 2503, la Unidad de Pago por Capitación –UPC– para el año 2021 en $938.826 para el régimen contributivo y en $872.496 para el subsidiado o sea que existe una fuente de financiación garantizada donde el departamento y los municipios también aportan.
El superintendente Fabio Aristizábal Ángel ordenó el 29 de agosto de 2018 una intervención, al Hospital San José de Maicao porqueno había avances significativos que mejoraran los indicadores y especialmente la situación financiera de la ESE.Según él,17 meses después mejoraron los temas asistenciales y administrativos, dotaron el servicio de urgencias, trajeron nuevos equipos biomédicos y muebles de uso hospitalario, se adquirió un tomógrafo para el servicio de imágenes diagnósticas, se construyó el área de lavandería, todo ello con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos, cifra irrisoria para un hospital tan importante para la región. La medida de intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, fue prorrogada por un año más, sobre este hospital que es referencia para los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Albania, en el departamento de La Guajira.
Con asombro vimos como el superintendente, le hace un llamado al Departamento para que cancele $38 mil millones que le adeudan por atención a migrantes venezolanos y así cumplirían con las obligaciones de trabajadores y proveedores; en el entendido que el señorsuperintendente es el rector de las intervenciones y de la vigilancia de los estados financieros de los hospitales públicos también es conocedor de las fuentes de financiación para pagar la atención a los migrantes venezolanos y debe conocer de primera mano que el Ministerio de Salud, solo cancela víaResolución la atención de urgencia, atención al parto y al recién nacido, pero obligan a los hospitales públicos a prestar otros servicios sin garantías de pagos de los mismos, poniendo en alto riesgo financiero y la sostenibilidad sobre todo de los hospitales públicos fronterizos.
“Si yo intervengo yo respondo”, ese es el deber ser, La Superintendencia de Salud, sabe más que todo el mundo que la mayor fuente de financiación para la sostenibilidad de la red pública hospitalaria, son en primer lugar el régimen subsidiado, luego los regímenes contributivos y especiales, donde el gerente interventor debe hacer su gestión en el cobro de cartera a las diferentes entidades responsables de pagos (EPS) y no pretender solucionar los problemas del Hospital San José con los recursos de la Secretaría de Salud, entidad que también fue intervenida por el gobierno y fue peor la cura que la enfermedad.
Nuevamente, la nación a través de la superintendencia, maltrata a La Guajira y le echamás leña al fuego para quemar más la imagen de la península y no asume sus tareas ni es responsable con las funciones que se adquirió con un agente interventor sobre todo en un sector tan sensible como lo es el de la salud.
Ayúdenos de una mejor manera señor superintendente, observando y corrigiendo el comportamiento de las EPS en varios aspectos como: facturación y comunicación, las malas prácticas como restricción injustificada a la radicación de la facturación, negación o dilación de recepción de soportes, dificultad para obtener autorizaciones de manera oportuna y a la falta de comunicación asertiva para el cargue y descargue de las facturas para finalmente pagar a los hospitales, con el compromiso de los mismos de controlar el gasto, mejorar la calidad y despolitizar el sector.
