Desde que se inventaron las excusas desaparecieron los culpables. Con la emergencia sanitaria por Covid-19, las comunidades educativas cambiaron la dinámica y la economía familiar; los procesos de enseñanza y aprendizaje, los apoyos sociales y extraescolares. Tras dos años de pandemia, prácticamente todos los indicadores socioeconómicos en Colombia han sufrido algún tipo de retroceso y La Guajira no escapó a esta realidad; pobreza, salud, empleo, actividad económica en general y educación.
El 12 de marzo de 2020 el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció al término del Puesto de Mando Unificado, la decisión de establecer una declaración de Emergencia Sanitaria en el país para tomar medidas para enfrentar el coronavirus. Esta declaratoria se basó en un fundamento legal que existe en el país y que permitiera trabajar con las autoridades locales (gobernadores y alcaldes) para tomar medidas excepcionales.
El encierro que generó la pandemia afectó de forma visible las actividades en los colegios que normalmente funcionaban de manera presencial. Los gobiernos y las directivas de los colegios optaron por continuar los procesos de formación a través de esquemas virtuales y no presenciales que llevaron a la revisión de los currículos y al diseño de estrategias de enseñanza para garantizar la educación de los niños y los jóvenes, con el agravante de que la conectividad en La Guajira era pésima.
Fueron muchas las exigencias de padres de familia, comunidad educativa, entre otros, que solicitaban nuevos requisitos para regresar a las aulas y aseguraron que no existían las condiciones necesarias para que profesores y alumnos retornen en su totalidad a las escuelas de educación básica, media y superior.
Con todo el tiempo del mundo, con tiempo para planificar, apropiar los recursos, construir proyectos de remodelación, construcción, dotación, capacitación, entre otros, para ejecutar, deberían todas las instituciones educativas estar habilitadas con los estándares para reiniciar las clases y garantizar a los estudiantes lo pertinente para retornar a la presencialidad.
Con el argumento de que se ha invertido más de 1,2 billones de pesos en la adecuación de las instituciones y que se ha cumplido con los requisitos de vacunación a docentes y a menores de edad, la ministra de Educación aseguró que el Gobierno ya ha hecho esfuerzos para cumplir los acuerdos con Fecode y que no hay vuelta atrás en la decisión de regresar a las aulas este año.
¿En qué instituciones de La Guajira están invertidos parte de esos 1,2 billones de pesos? A 1º de febrero son muchas las manifestaciones de muchos rectores de la red pública de colegios oficiales de la península, quienes se están manifestando por las precarias condiciones de toda índole en sus colegios. No hay acceso al agua potable, no hay una conectividad garantizada, las coberturas de vacunación para jóvenes y docentes no es clara, no hay aseadoras, no hay vigilantes en la mayoría de esas instituciones.
¿Cuál fue el plan de alistamiento que implementó la Secretaría de Educación y Salud del Departamento para retornar a la presencialidad articulada con las secretarías de Educación en los 15 municipios? Siendo el sector de la educación el hilo conductor para la formación de las nuevas generaciones, donde aparece la prioridad de los mandatarios con esta población tan importante para el futuro de la humanidad.
No se justifica esta falta de cumplimiento con un derecho fundamental, no es tan falso aseverar que el aprendizaje en estos dos últimos periodos educativos se afectó y en parte el modelo de enseñar, por la no asistencia a las aulas, hoy deberían existir todas las condiciones para mitigar ese golpe y fortalecer las estrategias que apunten a una educación con futuro.
Muchos políticos salieron a defender la necesidad de regresar a la presencialidad en las instituciones educativas. Es cierto que había que dar el paso, reactivar la economía, tanto el Ministerio como la Presidencia de la República, el Congreso, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre las implicaciones de que los estudiantes no asistan a las aulas y ordenaron que se garantice ese derecho básico a la educación con todos los requisitos, pero ¿por qué hoy al aceptar los estudiantes y rectores el retorno a clases, no se encontraron con las condiciones?
Dios quiera que el remedio no sea peor que la enfermedad, que nuestra juventud se eduque con altos estándares y la salud de toda la comunidad educativa sea garantizada.