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El 5 de noviembre de 2022 la prensa internacional destacó el acontecimiento en primera plana con este titular: ‘La bandera cambió de manos y Barranquilla tomó el relevo como la próxima anfitriona’.
Ellos, y con ellos los colombianos, todos recibimos exultantes desde Santiago de Chile la albricia de esta buena noticia para el país. Lo logramos se repetía el alcalde del Distrito de Barranquilla Jaime Pumarejo, después de recibir el pabellón de los afamados Juegos panamericanos a realizarse en su XX versión en 2027 al alimón con la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, que convoca a 41 países de todo el continente americano.
Daba cuenta, además, el despacho de prensa que la soberana del Carnaval Melissa Cure, encabezó la delegación de Colombia para este fausto acontecimiento, protagonizando “un espectáculo que hizo vibrar a todos los presentes con la magia del Carnaval”. El alcalde tomó en serio el compromiso y procedió a instalar inmediatamente el Comité organizador.
De pronto, sin vísperas, el presidente de Panam Sports, Neven Llic, que es la entidad que supervisa estos juegos envió una misiva, que se convirtió en piedra de escándalo, al alcalde de Barranquilla y al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) Ciro Solano, en la cual les notifica, de forma tajante que “debido al incumplimiento de los requisitos establecidos” por la misma en una misiva anterior calendada en el mes de octubre pasado “se anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de Ciudad Sede” y en consecuencia había tomado “la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”.
¿A qué se refiere el presidente de Panam Sports? Ni más ni menos que al cubrimiento de la obligación contraída contractualmente de consignarle a esta entidad US $4 millones de dólares, por concepto de ‘derecho de organización’ de los Panamericanos, cifra esta que se debió desembolsar desde el 30 de julio del año pasado y que se había incumplido toda vez que sólo se había recibido el valor cancelado por el Distrito de Barranquilla, lo cual motivó que le sacaran a Colombia la primera tarjeta amarilla y consintieron en un acuerdo de pago que debía hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre, que tampoco se cumplió, lo que llevó al Comité ejecutivo de Panam Sports a sacarle la tarjeta roja rescindiendo el contrato de marras!
La patidifusa ministra de Deportes reaccionó declarándose sorprendida por semejante dislate endosándole su responsabilidad a Panam Sports, aduciendo un supuesto acuerdo “de entregar el pago de US $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto que existía una dificultad de hacerlo en 2023 por un tema presupuestal”, alegando además su propia culpa de que “en el pago de diciembre tuvimos una dificultad en el PAC”. Debe ser la misma dificultad que le valió el jalón de orejas por parte del presidente Petro en su reciente “cónclave” por la baja ejecución presupuestal de su cartera, que a duras penas llegó al 55.92% para el mes de diciembre. ¡Esto es inaudito!
La verdad sea dicha, yo tuve oportunidad de asistir en representación de la RAP del Caribe a la Audiencia pública de las comisiones económicas del Congreso de la República en Barranquilla, presidida por el Senador Efraín Cepeda, el 8 de septiembre del año anterior.
A la misma acudió, atendiendo su citación la ministra de Deportes, la cual ante el requerimiento de los parlamentarios para que se comprometiera a tramitar dichos pagos se mostró evasiva, escurridiza y dubitativa, para desconcierto del auditorio. Y ello a pesar de tener el respaldo en el Plan Nacional de desarrollo y contar con la partida presupuestal.
Por ello, no es de extrañar su procrastinación, la que terminó dejando a Barranquilla, al Caribe y a Colombia toda colgada de la brocha y al alcalde de Barranquilla, que se ve ahora abocado a enfrentar un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial por parte de la Contraloría General de la República, por el monto de US $2.250.000 que ‘casó’ como ‘plante’, como cuota inicial para asegurar la Sede de los juegos.
Recurso este que, de acuerdo con una de las cláusulas del Contrato pasó a ser patrimonio de Panam Sports, excepto que se demuestre que la causa de la rescisión del mismo le sea imputable y este no es el caso.
Una vez más se pone de manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país, en el cual, a despecho de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones, como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad del Río grande del Magdalena y ahora con los Juegos panamericanos, tienen que pasar inexorablemente por las horcas caudinas de la remolona burocracia capitalina, desde donde, con desdén por su suerte, al mejor estilo de los emperadores romanos cuyo dedo pulgar hacia abajo sentenciaba, con su sólo gesto, a muerte a los gladiadores, en nuestro caso así es como se define la viabilidad de los proyectos.
Bien dijo nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, las malas noticias”, como esta “incubadas a dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. ¡El pretérito de la frase de Gabo se sigue conjugando en Colombia en tiempo presente!
