Un grupo de ciudadanos en una puesta en escena afrodescendiente, es decir, mujeres con turbantes y prendas coloridas, realizaron el 21 de enero una protesta en el acceso al aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. Es una vergüenza para las luchas populares lo acontecido. Un enardecido manifestante agredió a un inocente turista que solo quería abordar su vuelo. Llama la atención que el motivo real de la protesta no era una lucha reivindicativa por algún derecho negado a comunidades negras. Era un grupo de amigos de un contratista del Icbf, que semanas atrás lo habían hecho en la sede de esa entidad para presionar por las jugosas contrataciones.
Es indignante ver el video en redes sociales, que después del ultraje al visitante se entonara la consigna “El pueblo no se rinde, carajo”, coro al que nos acostumbramos como un homenaje a la resiliencia de un pueblo luchador que soporta y resiste la adversidad. Como parte del teatro, a los encrespados protestantes les pareció que el turista derribado con sus maletas era una victoria parcial a sus pretensiones. A estos traficantes de los intereses de las comunidades negras solo les ha interesado usufructuar de los beneficios de los espacios de participación para las negritudes.
Jamás los hemos escuchado disertar sobre la herencia negra de La Guajira, ni sobre quiénes son, dónde están ni cómo llegaron los africanos al territorio. La mirada micro y telescópica solo ha servido para identificar las prebendas por discriminación positiva que brinda el Estado mediante leyes y decretos a esos sectores vulnerables. Allí, sí son los primeros en sacar pecho y reconocerse como afrodescendientes, quizás no con la convicción del reclamo para los merecidos y necesarios derechos de esas comunidades, sino el dedal transaccional ante las puntadas politiqueras de los beneficios personales y familiares. Tal vez los espacios más apetecidos en La Guajira para estos mercaderes de la etnicidad sean la representación afro en el Consejo Directivo de Corpoguajira y la Dirección de Asuntos Afros del Distrito de Riohacha.
A los personajes de marras los hemos visto apropiarse de forma non sancta de esas posiciones. Es más, existe una denuncia de marzo de 2019 ante la Procuraduría General de la Nación que revela que Leonardo Ochoa Mejía utilizó el cargo de director de asuntos afros para beneficio personal y familiar, señalando que en tiempo récord expidió resoluciones de inscripción y reconocimientos a tres consejos comunitarios de Las Palmas con el mero propósito de beneficiar a su madre Johanis Mejía Mendoza. Con esos consejos comunitarios inscritos en el Distrito llenaba el requisito para su reelección como candidata ante el Consejo Directivo de Corpoguajira, situación que se dio y resultó reelecta 2020-2023. La Sección Quinta del Consejo de Estado en agosto de 2021 declaró la nulidad del acto de esa elección por conducta incorrecta al negarse la posibilidad de que por lo menos diez organizaciones de negritudes con reconocimientos legales pudieran participar, bajo el argumento de que no estaban inscritos.
En la señalada reelección, solo 7 consejos comunitarios de 19 inscritos cumplieron los requisitos y 6 de ellos postularon unánimemente a Johanis Mejía como candidata. Sus propuestas como delegada siempre aludieron a “su responsabilidad de velar por la protección, conservación y el no perjuicio de las comunidades negras asentadas en la jurisdicción de Corpoguajira, así su gestión como enlace para el beneficio y desarrollo ambiental de las comunidades negras”. De los proyectos de agua radicados y ejecutados por esta delegada, en la zona de Juan y Medio, quedan pocas evidencias. Por igual, de la gestión del director de asuntos afros del Distrito solo quedan unos videos de negros bailando.
Ahora, ¿qué llevó a estos ‘dirigentes’ que tienen en la mira la contratación del Icbf a cambiar el lugar de la protesta para que retumbara extorsivamente a nivel nacional? Al parecer, con el cambio de modelo de contratación de la entidad, enfocado ahora en cumplir la Sentencia T-302, muy criticado por el senador Deluque, los prestadores se deben reorganizar con las comunidades para los convenios y garantizar algunos aportes en lo relacionado con transporte y agua, sin cofinanciación y sin anticipos y responder por un servicio óptimo. Al no cumplir con esos requisitos no clasifican como proveedores al no tener esa capacidad. Es por eso por lo que se victimizaron, mostrándose como si hubiesen omitido algún derecho de las comunidades, no de sus intereses económicos personales y familiares.
