Nuestro Departamento ha vivido una época de esplendor en lo relacionado a la explotación del sector minero energético que alberga en su seno, especialmente por cuenta de sus reservas de carbón, explotadas desde hace 38 años, cuando se exportó el primer millón de toneladas en el año 1985 y por cuenta de sus reservas de gas que han venido siendo extraídas de la plataforma marina a partir del año 1976.
Desde Manaure se extrajeron y se continúan extrayendo gigapies cúbicos de gas natural, completando así 47 años en los que el gas guajiro ha irrigado los hogares colombianos y exportando también hacia la vecina Venezuela.
Que el producto de estos dos sectores no ha sido bien invertido en nuestro Departamento, es por todos conocido, y ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Miremos lo que se avecina y son las energías limpias, donde La Guajira tiene una gran ventaja comparativa con relación a todo el país. En vez de ponerle palos a la rueda con la instalación de los parques eólicos, debemos es aprovechar esta punta de lanza para posicionar a nuestro Departamento como piloto en la transición energética.
Nuestro senador Alfredo Deluque Zuleta, así como la senadora Martha Peralta y nuestros representantes a la Cámara, Jorge Cerchiaro Figueroa y Juan Loreto Gómez, deben adelantar una cruzada para posicionar más a la península en el sector minero energético. En primera instancia, adelantar la reforma a la Ley de Regalías, para acabar con los Ocad en los departamentos y municipios productores de minerales energéticos y que sus recursos los manejen de manera directa. Los Ocad se convirtieron en un tropiezo centralista en la aprobación de los proyectos que redundaban en beneficio para el desarrollo de estas regiones, entre ellas La Guajira.
La segunda cruzada ante el Gobierno nacional, que podríamos llamar ‘El Gran Pacto por La Guajira’, es el de reglamentar varios artículos del Código de Minas para un desarrollo sostenible e incluyente como zona importante del sector minero energético del país. El Artículo 224, que tiene que ver con las organizaciones solidarias mineras y las asociaciones comunitarias en lo relacionado a la prelación de los programas de asistencia técnica y de capacitación, dirigidos al sector minero, programas de crédito especiales, así como apoyo y asistencia técnica, jurídica, financiera y de capacitación empresarial para el desarrollo de proyectos de integración de áreas mineras.
El otro artículo a reglamentar es el 225 que tiene que ver con la aprobación y apoyo en lo relacionado a la autoridad minera en coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria o quien haga sus veces, y en desarrollo de sus programas de fomento para promover y apoyar la constitución de organizaciones solidarias, ya que en el departamento de La Guajira se han detectado explotaciones mineras ilegales ejercidas por comunidades mineras que realizan estas explotaciones en condiciones de marginalidad.
Otro artículo a reglamentar es el 254 que tiene que ver con la mano de obra regional, sobre todo en la calificada, donde las multinacionales que explotan nuestros recursos dan grima en la contratación de la referencia como si aquí no existiera y estuviéramos todavía en la década de los años 70.
Finalmente, el otro artículo a reglamentar es el 255, que tiene que ver con transferencia de tecnología. Al reglamentar este artículo, se tendría como herramienta eficaz en el fortalecimiento de las comunidades mineras, como por ejemplo, las inversiones y gastos debidamente comprobados en dichos planes y programas serán deducibles de las regalías a que estén obligados por su propia producción, en una cuantía que no exceda del 10% de dichas contraprestaciones, estamos hablando de las multinacionales que explotan nuestros recursos y nos estamos refiriendo a la deducción que afectará al componente de regalías que recibe la Nación. Así mismo, se debe proyectar al municipio de Uribia, como la ‘Esquina minero – industrial de Colombia’, dadas las oportunidades de inversión en esta área que este municipio presenta como la industrialización de salinas de Bahía Honda, explotación de arenas titaníferas, explotación y beneficio de yacimiento de mármol y granito, así como explotación y beneficio de yacimientos de yeso.
Todo esto, complementado con la que está desarrollando el Cerrejón con la entrada en vigencia de la reforma tributaria del gobierno pasado, donde establecen un punto de equilibrio en los impuestos que le toca pagar a la multinacional por el orden de los USD$ 200 millones, donde la multinacional, de acuerdo a la norma de la reforma, ya se están haciendo obras por impuestos por parte de la multinacional Cerrejón y que están teniendo impacto regional y esperamos que sean de beneficio para las comunidades de las zonas donde operan.
Estas obras por impuestos son muy interesantes para ayudar de manera significativa a salir de la pobreza absoluta y del abandono estatal a las zonas de influencias de la explotación minera; pero la Gobernación y alcaldías de influencia minera deberían presentar más proyectos al Cerrejón para continuar con obras por impuestos.
