Insólito, que por diferencias políticas de la procuradora Margarita Cabello Blanco con el presidente Gustavo Petro, ésta solicite a la Honorable Corte Constitucional que declare inexequible el decreto de Emergencia Económica, Social y Ambiental expedido por el mandatario nacional como una alternativa valiosa que busca resolver graves problemas, originados por la falta de agua que carece el Departamento y en especial las comunidades indígenas,en el desierto que habitan, Alta Guajira; registrando en Colombia el más alto índice de mortalidad infantil y algunas, de adultos mayores, por escasez de agua, consumo de agua contaminada y el hambre que padecen.
La procuradora está acolitada por la oposición que ejercen los partidos políticos Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador; maniobradas con campañas mediáticas manipuladas por algunos medios de comunicación, presionando a la Corte para que falle contra el presidente Gustavo Petro y fracase en sus buenas intenciones humanitarias, direccionadas a ejecutar en La Guajira, siendo el único mandatario nacional que se ha apiadado por solucionar tantos problemas que viene sufriendo el departamento peninsular desde hace muchos años y que tenga que irse al traste, para perpetuar desgracia y penuria de manera infinita.
Honorable Corte Constitucional, las necesidades urgentes y emergentes en La Guajira priorizan sobre algunas formalidades, cuando no se tiene nada que esperar sobrevenga, porque ya tenemos consumado el mal, para efecto de resolverlo en forma mediata.
No se puede desconocer la calamidad que viven las comunidades indígenas, degenerando el estado de salud por falta de atención e indiferencia del Gobierno central en resolver excepcionalmente una serie de circunstancias que crecen como un cáncer en estado metástasis postradas por abandono, cuando tenemos el derecho de que nos compensen las explotaciones de recursos naturales extraídos del territorio, destruyéndolo con millonadas toneladas de explosivos y la contaminación ambiental que de la minería se generan.
En reiteradas columnas publicadas en estos medios escritos he puesto de presente para la solución del agua, en beneficio de todos los municipios de La Guajira, que se formalice un convenio de impuesto por obra, para que una parte del impuesto de renta que paga el Cerrejón a la Nación se invierta en las obras que se requiere para proveer de agua a 10 de los 15 municipios del departamento peninsular y consecutivamente, habilitar el anhelado distrito de riesgo destinado a la producción de alimentos, agrícola, ganadera y otros. Hasta un cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta, correspondiente a una vigencia fiscal podría comprometerse para financiar el proyecto de terminación y activación general de la represa del Ranchería.
Se pretende instalar grandes proyectos de energías alternativas eólica y solar por las condiciones especiales y afortunadas de que goza el territorio departamental para producir energías durante 24 horas, los 365 días del año, a diferencia de muchos otros territorios del mundo, regulados por cuatro estaciones climáticas que están limitados con generaciones parciales eventuales, pero nada se hace para mejorar las condiciones de productividad y competividad con infraestructura en La Guajira y responder por las atenciones de salud.
La Guajira tiene capacidad en espacios predial para generar energías alternativas que cubran un 60% del consumo de demanda nacional, debiendo ser valorada con tratamiento digno, que garantice prosperidades futuras. Tratarla de manera incipiente, relegada, cuando tiene todo y no tiene nada, subyugada a política centralista de la corrupción, no es lo que merecemos.
Alcaldes y representantes de La Guajira brillaron por su ausencia en la audiencia pública celebrada en el auditoría de la Corte Constitucional. Estuvieron presentes el presidente Gustavo Petro con sus ministros y la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches Cortina. Las participaciones activas de alcaldes y congresistas eran indispensables para constituir de manera masiva unidad solidaria compactada en defensa de derechos e intereses que nos asisten. Un parlamentario cuestionó la demora en la expedición de decretos direccionados para ejecutar los proyectos de obras originados y consagrados en la emergencia, pero no estuvo presente en visita de la Corte, ni oportunidad de defenderlo como senador de La Guajira.
Es lamentable observar los comportamientos de algunos guajiros que anhelan que la Corte Constitucional eche para atrás la emergencia decretada para burlarse del presidente, porque les da envidia que lo que no hicieron durante más de un siglo los partidos políticos a los que ellos pertenecen, hoy fungen en oposición e independientes a lo haga el presidente del Pacto Histórico, de tendencia centro izquierda. Recapaciten, no se dejen arrastrar del fanatismo, egoísmo, ni mucho menos por el individualismo.
A lo tuyo tú. Luchemos unidos por nuestros derechos, de lo contrario seguiremos perdidos y jodidos, divididos y fraccionados por intereses y beneficios políticos y personales o contradicciones fatales. De frustrar las esperanzas en proyectos territoriales para nuestro bienestar colectivo, plasmado en la declaratoria de emergencia, invalidada por algunas formalidades pasajeras, de hecho, estallarán reacciones impredecibles, de justo inconformismo.
