En nuestro país el índice de criminalidad es alto y aún predominan delitos contra la vida y la libertad, bienes jurídicos categorizados por la sociedad como “relevantes” en comparación con otras conductas punibles que atentan contra la administración pública, el ambiente o contra el patrimonio económico.
En diferentes épocas se ha planteado que la Fiscalía en su calidad de órgano investigador debe administrar sus recursos y priorizar sus esfuerzos en la investigación de esos delitos catalogados como “más graves”.
Sin el interés de infirmar la gravedad de un homicidio o de una violación, resulta clave preguntarnos si la comisión de delitos en contra de nuestra administración pública y en contra del patrimonio económico no debe tener la oportunidad de ser investigados y sancionados con el mismo ahínco que esos delitos que socavan el valor de la vida y de la dignidad humana.
A comienzos del año, el contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, estableció que a Colombia le cuesta la corrupción, la no despreciable suma de cincuenta billones de pesos al año, equivalente al 17 % del presupuesto general de la Nación.
Delitos como el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la corrupción privada, entre otros, aún cuando se encuentran tipificados en nuestro Código Penal, cada vez más intentamos normalizarlos y minimizarlos. A pesar de ser las puertas de fuga por las cuales grandes capitales están quedando en manos de criminales, en desmedro de poblaciones enteras colmadas de necesidades básicas insatisfechas.
Solemos escandalizarnos cuando se investiga y sanciona a personas de a pie por sobornar inspectores de Policía o cuando se captura a un comerciante por ofrecer dádivas a empleados públicos en su provecho, y en un acto de balance moral o de justificación social exigimos resultados del ente investigador sobre delitos “más graves” que aún se encuentran impunes.
Las cifras reveladas por el contralor hacen imprescindible que como sociedad empecemos a reevaluar la gravedad o relevancia de los actos delictivos que hoy se producen en Colombia. Debemos enarbolar una política criminal que sea coherente con nuestra realidad y que le permita a nuestra Fiscalía prevenir, investigar y sancionar aquellas conductas que hoy tienen en jaque la sostenibilidad económica de entidades públicas.
Es hora de exigir que no se aplace más la investigación y la sanción de los responsables de esos delitos que están consumiendo nuestro erario.
Y como si fuera poco, ese bicho de la corrupción se ve cada vez más en las entidades privadas, que también les ha tocado crear sus propias fiscalías internas, las que hoy en el mundo empresarial se le llama áreas de cumpli- miento (‘compliance’), las cuáles se encargan de investigar y sancionar este tipo de conductas desplegadas por sus funcionarios.
Sin el interés de posar de adalid de la moral, es inaplazable que nos cuestionemos sobre todos esos “pequeños” actos que han abonado la sistematicidad de la corrupción. Sobornar, exigir coimas, tratar de sacar ventaja de los deberes propios de nuestros cargos públicos o privados son gasolina de ese aparato de múltiples tentáculos que tiene amarrado nuestro progreso colectivo.
Remate: Ojalá tuviéramos una Fiscalía menos politizada, más independiente…
