Una de las mayores preocupaciones que afecta a los colombianos, además de la contracción que ha generado la economía colombiana, aunque existe un aparente crecimiento, pero si analizamos bien, la mayoría de las cifras que hacen parte de la economía son negativas; es la paz.
La palabra paz se pronuncia en incontables ocasiones: en discursos de voceros gubernamentales, alzados en armas, comentaristas colombianos y extranjeros y todos aquellos que opinan sobre la situación del País. La paz es un concepto tan amplio, que es más apropiado definirlo en términos de lo que no es, que de lo que es.
En el Plan de Desarrollo del actual Gobierno nacional se anota al respecto, de manera sugestiva y convincente: “La paz no es la eliminación del conflicto, sino su trámite institucional a través de un esquema político que haga de las diferencias, una fortaleza en la discusión democrática y que permita la obtención final de grandes consensos por el progreso de todos”.
Con esta formulación sencilla y transparente, el Gobierno se ubica dentro del marco de una larga tradición – iniciada por pensadores griegos hace más de veinticinco siglos – en la que predomina la búsqueda de acuerdos entre los poderes de la sociedad, basados en la negociación racional y reglas claras, que trascienden el uso de la barbarie, como lo estuvieron haciendo la Farc, por décadas, para conquistar (según ellos) el poder por la vía de las armas y tantos asesinatos de indefensos policías y soldados que hacen parte de ese mismo pueblo al cual, supuestamente, ellos, los exguerrilleros, defienden. Sí, las Farc firmaron la paz en el Gobierno de Santos, pero surgieron las disidencias de las Farc de este movimiento terrorista.
No obstante la complejidad del proceso, el avance logrado sobrepasa lo que percibe la población, que registra con horror los violentos ataques a indefensos policías y a indefensos campesinos, las masacres y los secuestros. La agenda que hoy sigue el Gobierno está bien estructurada. Las partes en conflicto continúan en la búsqueda de una salida que conduzca a esta paz que ha sido esquiva a Colombia por más de sesenta años.
El ELN ha puesto sus condiciones para no seguir secuestrando, que el Estado los financie; lo más absurdo que se ha podido plantear de parte del jefe máximo de ese movimiento guerrillero. A pesar del pesimismo que reina en el gremio ganadero, en los empresarios y en la sociedad civil, la sociedad colombiana está en la obligación de colaborar.
La negociación implica desprenderse de muchos intereses, ya que en la actualidad, un porcentaje importante de los recursos públicos se destina a actividades de tratar de darles subsidios a los delincuentes y en especial a la ‘primera línea’, que viene a ser un brazo armado urbano en defensa del actual Gobierno, y también, especialmente a los grupos guerrilleros y al narcotráfico y su intensificación conlleva mayor gasto. Recursos estos, cuantiosos, que se pudieran apropiar para combatir la pobreza, que es grande en nuestro país. El recaudo de impuestos, igualmente, se dificulta en la medida en que exista parte del territorio donde el Estado pierde su capacidad de recaudo; los impuestos hoy, con las reformas tributarias, están ahogando al empresariado, que es la base de la generación de empleo del País.
La solución, parcial o general, del conflicto armado también tendrá consecuencias sobre las finanzas públicas. El acuerdo con la guerrilla, si se da, tendrá un precio, expresado en cambios en la orientación del gasto público. La sola inserción de más de miles de subversivos que deseen regresar a sus hogares, implica costos de gran envergadura.
Sin duda, los acuerdos políticos que se lleguen a dar con la guerrilla, también tendrán costos fiscales importantes; los diálogos o negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las disidencias de las Farc y el ELN, también conocido como Paz Total en Colombia, son las discusiones que se están llevando a cabo entre el Gobierno colombiano y el ELN. Estos diálogos se iniciaron en Cuba y en la actualidad continuarán en México, su objetivo según el Gobierno, es la terminación del conflicto y según el grupo guerrillero “el buscar la paz con justicia social por medio del dialogo”.
Según Luis Fernando Trejos Rosero “el conflicto armado colombiano es, en la actualidad, el único conflicto armado activo en Latinoamérica y el más longevo de la región. Durante cinco décadas de confrontación armada, han sido muchos los cambios ocurridos en el escenario internacional y en las dinámicas políticas y militares de los actores enfrentados en él; su complejidad y duración, hacen necesarias una amplia revisión teórica, que permita su comprensión académica y abordaje conceptual”.
De ahí este proceso tan complejo que se inició formalmente el 18 de octubre de 2012, primero con las Farc, que culminó exitosamente con el logro de la paz en el Gobierno Santos y el regreso de casi todo su Estado Mayor a la vida civil y donde también se lograron grandes acuerdos, especialmente políticos, aunque es la hora que las Farc no han resarcido económicamente a las víctimas, por todos los daños ocasionados en esa larga guerra que tuvieron con el Estado; donde dichas negociaciones se fundamentaron en un “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Dichas negociaciones se fraccionaron en cuatro fases, la primera, que fue la etapa de acercamientos secretos o conversaciones exploratorias durante seis meses; la segunda, que fue la concreción de los acuerdos, la tercera, que fue la refrendación y la cuarta, que fue la implementación de estos, que también se lograron de manera exitosa.
Uno de los puntos de la segunda fase fue la política de desarrollo agrario integral, el cual lo ha venido cumpliendo el Gobierno de Gustavo Petro. La participación en política, que tenían miembro de las Farc, ante una dejación de armas, que generó tantas controversias y se logró el acuerdo político para la paz; el fin del conflicto, la política de drogas, que no se cumplió, porque surgieron las disidencias de las mismas Farc, y por último, la reparación a las víctimas, tanto de las Farc como del Estado. Este último punto no se cumplió en lo más mínimo, convirtiéndose en una burla total hacia las víctimas.
Intelectuales y columnistas de prestigio han profundizado en este tema, como Luis Fernando Trejos Rosero, profesor de la Universidad del Norte, de Barranquilla, así como otro prestigioso académico, ya fallecido, Jesús Antonio Bejarano, quien elaboró un estudio denominado “Una agenda para la paz”, por su larga experiencia en la solución de conflictos de nuestro país y conocedor de los procesos de paz de América Central, quien escribe en uno de sus apartes un tema interesantísimo que tiene que ver con la paz en Colombia. “Colombia no es lo que fue El Salvador: su violencia es más confusa, su sociedad y su política no están militarizadas, su conflicto armado, aunque los colombianos no lo crean, es menos intenso; en El Salvador sí hubo un empate militar, reconocido por ambos lados, la guerrilla si controlaba territorio; en Colombia se confunde la presencia de una guerrilla con control territorial. En conjunto internacional fue distinto, y en El Salvador los actores no salvadoreños, los Estados Unidos, las Naciones Unidas, ejercieron más presión; en Colombia ha faltado esta dimensión internacional. Los colombianos, como he escrito en otra parte, hemos seguido matándonos entre nosotros, tanto y por tanto tiempo, porque a nadie más le importa”.
Una vez conseguida la paz que tuvo la veeduría del Derecho Internacional Humanitario, vino la etapa del posconflicto, donde el Gobierno nacional tuvo tanta confianza, pero en esta violencia que no para, se han venido asesinando excombatientes de las Farc en varias zonas del país. Conseguida la paz, es fundamental que no se recaiga en el conflicto, pero se recayó, para tristeza de los colombianos, por ello era importante cómo se iba a manejar el posconflicto desde el punto de vista social, político, económico y humanitario; lo cual ha generado más premisas falsas que verdaderas.
Todos estos aspectos son muy importantes, pero el más fundamental es el económico. La literatura sobre los conflictos y las guerras nacen con el objetivo de analizar y proponer medidas concretas para evitarlas, pero las guerras suelen tener, para la mayoría de involucrados, efectos perversos sobre el bienestar socioeconómico. Bien, la literatura científica sobre la relación conflicto y economía data de tiempo atrás, pero la literatura empírica sobre cómo sostener la paz en el posconflicto es relativamente reciente, aunque ambas, sin embargo, resaltan el papel que juega el manejo de la política económica en la sostenibilidad de la paz en el tiempo.
Es importante y fundamental que para mantener la paz y la probabilidad de recaer en el conflicto existen factores muy importantes para ello: la ayuda financiera internacional, en especial cuando se trate de llevar a cabo grandes reconstrucciones en obras civiles, la formación de capital bruto, el mejoramiento y cobertura de la tecnología, la deuda del Gobierno, la apertura del comercio internacional y la cantidad y calidad de infraestructura, son en términos generales, las bases para mantener la paz duradera en el posconflicto.
La paz hoy está a medias y mientras no se logren acuerdos definitivos con el ELN y las disidencias de las Farc, el país continuará en guerra con ellos y con otros actores que han entrado en esta violencia cruenta que no da tregua.
