Dizque este país es “presidencialista”, dicen quienes lo prefieren “parlamentarista” o “socialista”, que para allá vamos desde la Carta del 91, que les dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, diciéndole al presidente qué puede y qué debe hacer. El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que inspiró esa “constituyente de 2017” que fue el Acuerdo con las Farc: ilegítima y a espaldas del país, con la paradójica bendición de la Corte Constitucional.
Esas comunidades protagonistas del acuerdo, con derecho a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en el campo durante décadas, y las absorbidas por la izquierda en las ciudades a través del sindicalismo (Fecode, CUT, USO, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano. Una de ellas es la minga, unión de “comunidades” controlada por el Cric, detrás del cual estuvieron siempre las Farc, con pactos de convivencia y “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, que hoy chantajea al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”. “El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar a los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el Cric ya ha recibido mucha y está investigado por la Contraloría, ni de pedir tierras, porque en 2019, después de violento chantaje durante un mes, recibieron 90.000 millones para compra y ya no hay en Cauca más tierra que darles, pues ya son dueños del 40% del departamento. ¿De qué se trata? El asesinato de líderes es una bandera mediática, pues saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc. Y ni siquiera se trata de eso, sino de una verdadera opereta. El Cric contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada. De eso se trata. La minga chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de Fecode y con el Paro Nacional de la CUT, en pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán los vándalos; la alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo mientras… Petro sonríe satisfecho.
