El principal objetivo de la tan discutida reforma antes del debate reglamentario es la transformación del sistema impuesto por la Ley 100 de 1993 hacia un modelo que garantice el goce pleno del derecho fundamental a la salud, amparado por la Constitución.
La Ley 100 de 1993 se encarga de reclutar y reorganizar entidades relacionadas con la salud, estableciendo normas y procedimientos para que las personas y la comunidad tengan acceso a los servicios de salud, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, hasta ahí todo bien.
Se soñó con unos principios del sistema de seguridad social integral. Por otra parte, era deber del Estado brindar las garantías al trabajador en los diferentes campos de dicha ley, con unas variables que se deben tener en cuenta para que fuese sido efectiva su aplicación: Eficiencia, buscando la mejor forma de utilizar los recursos físicos técnicos y financieros para que los beneficios sean prestados de la mejor manera. Universalidad, buscaba la protección de las personas sin discriminación alguna. Integralidad, orientada a la cobertura de la población en general y Participación, en este principio intervendría la comunidad en busca de beneficios en pro de la seguridad en la organización.
Aparecieron dos santos: Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, el primero para los que tenían capacidad de pago y el segundo, Régimen subsidiado, un mecanismo con el cual la población más pobre tiene acceso a los servicios de salud financiada mediante subsidios que les permite acceder a los servicios médicos; luego aparecen las no muy santas (algunas) EPS, que se hicieron la ‘vista gorda’ a las miles de tutelas interpuestas por la ciudadanía para reclamar servicios negados por ellas; sale a la luz pública la desviación de los recursos públicos aportados por los colombianos para financiar con sus impuestos y las planillas parafiscales el sistema de salud y los beneficiarios fregados con ‘J’.
Si hay que reconocer que hay que construir sobre lo construido y hay que sacar del sistema algunas columnas que se torcieron y que en algunos casos las autoridades sanitarias y otras autoridades locales y regionales ignoraron sistemáticamente las investigaciones de los órganos de control que evidenciaron los robos a los dineros de la salud.
Hay que mantener la participación de la red de prestadores de servicios del sector privado, que salvaron muchas vidas durante la pandemia y hoy siguen siendo unos actores importantes del sector, hoy golpeadas financieramente por las EPS, en algunas ocasiones con la complicidad de autoridades gubernamentales.
Genera mucha confusión que hoy los partidos tradicionales, que literalmente fueron sancionados por los electores cuando se manifestó el hastío nacional por la corrupción que generaron década tras década y se impuso en su contra el voto censura por el cambio, al que no vemos claro ese cambio.
En ese contexto, fueron ellos mismos los principales electores del candidato del Pacto Histórico, al que ahora pretenden hundirle la impostergable reforma a la salud, hasta acá valido: pero ¿cuál es el interés? ¿Defienden una reforma que garantice un derecho fundamental como la salud o defienden la zona de confort que son los recursos de la salud donde se encuentra algunos sectores económicos?
¿Hasta cuándo, desde otro sector, como el académico, los verdearos independientes, libres de conflictos de intereses se van a hacer sentir por la reforma que de verdad se necesita que sea coherente con la evolución histórica del derecho fundamental a la salud; que, sin polarizaciones, ni tintes de venganzas u oposiciones ridículas hagan valer su conocimiento y cambios obligatorios a lugar?, como lo hicieron en la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina alguna vez que describió los hallazgos de ‘duplicados’ en la base de datos de las EPS, por los que reclamaban el pago de la UPC de afiliados inexistentes o con doble registro.
Es un derecho fundamental la salud, autónoma e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, con un acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, es lo que se debe debatir, no podemos anteponerlo a una economía sana que no encaja en este ‘pleito’ a costa de una salud enferma de muchos colombianos, entre ellos más de un millón de guajiros afiliados al sistema de una u otra manera; quienes a pesar de los ‘desamores’ confían en que los congresistas sean responsables histórica, ética y moralmente de preservar ese derecho fundamental para todos los colombianos, reeligiendo a unos y dándole la oportunidad a otros.
