La palabra paz en Colombia tiene trampa. Siempre la ha tenido. Detrás de cada negociación, de cada acuerdo, de cada mesa, lo que ha habido es una excusa para seguir narcotraficando, para seguir matando, para seguir secuestrando, mientras el país entierra a sus muertos y los gobiernos negocian con quienes los matan. Las Farc firmaron un acuerdo histórico y lo que vino después fueron cuatro grupos terroristas con la misma vocación de violencia, el Estado Mayor Central de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’, y los frentes disidentes del sur y del Pacífico que nunca se desmovilizaron. Todos siguen matando colombianos. La paz no los desarmó. Los reorganizó.
Y ahora ‘Calarcá’, que negoció con una mano y con la otra ordenó un homicidio y esperó el reporte de confirmación como quien espera un correo de trabajo.
Eso no es un tropiezo en el camino hacia la paz. Esa es la paz usada como coartada. Otra vez.
La paz no es un cheque en blanco. Es un contrato con condiciones, y la primera de ellas es que quien negocia haya suspendido la actividad criminal. ‘Calarcá’ no suspendió nada. Siguió matando con la comodidad de quien sabe que nadie se lo va a cobrar.
Y aquí la Fiscalía también tiene una deuda con el país. Cuando ‘Calarcá’ fue capturado a mediados de 2024, había razones suficientes para mantenerlo detenido, procesarlo o extraditarlo a Estados Unidos. No se hizo. Se le dejó en libertad. Y él, con la puntualidad de quien nunca tuvo intención de cambiar, siguió ejecutando asesinatos, ordenando secuestros y violando los derechos humanos de los colombianos. Esa decisión le costó al país más sangre. Y esa sangre también tiene responsables.
Lo más perturbador del caso no es la conducta del jefe disidente, que actúa con la lógica de quien nunca creyó en el proceso más allá de sus beneficios. Lo más perturbador es la conducta del Estado frente a la evidencia.
Cuando Noticias Caracol publicó los hallazgos, el general Huertas y el director de Inteligencia de la DNI no pidieron una investigación interna. No guardaron silencio. Salieron a atacar. El propio presidente Petro llamó montaje lo que la Fiscalía acaba de confirmar como verdad judicial. Y mientras el Gobierno blindaba la narrativa, ‘Calarcá’ seguía en la mesa, con escoltas del Estado, con beneficios jurídicos, con la legitimidad prestada de quien construye paz. Un Gobierno que nunca estuvo interesado en la paz, sino en la apariencia de ella.
Hoy el general Huertas y el director Mejía enfrentan un proceso formal ante la Corte Suprema. Eso no es un error de cálculo. Es encubrimiento. Y el encubrimiento no flota solo: necesita protección, coordinación y una decisión de alguien sobre qué conviene que se sepa y qué no.
El Gobierno tiene ahora un problema sin salida elegante. Si retira a ‘Calarcá’ de la mesa, el proceso se fractura antes de un año electoral. Si lo mantiene, consolida un precedente devastador: que en Colombia es posible negociar paz de día y ordenar asesinatos de noche, sin consecuencia alguna.
Lo que parece estar ocurriendo es peor que las dos opciones: el silencio. Esa omisión no es neutralidad. Dice, sin decirlo, que la continuidad del proceso vale más que la vida del líder social que aparece asesinado en los chats de un negociador de paz.
La verdadera paz no se logra con diálogos que terminan en farsa. Se logra con el sometimiento del criminal ante la Constitución y la Ley. Con extradiciones que disuadan y un Estado que tenga la voluntad de exigir que sus propias condiciones se cumplan.
Colombia ha pagado demasiado por aprender esta lección. Y sin embargo, aquí estamos. Otra vez.
Y hasta ahora, el espejo no tiene a quién devolverle la mirada.
