Hay imágenes que no admiten interpretación, solo conciencia. Un agente federal de inmigración dispara y mata a una ciudadana desarmada. No hay amenaza visible, no hay peligro inminente, no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay un cuerpo que cae y un Estado que, en lugar de proteger la vida, se apresura a negar lo que millones de personas vieron con sus propios ojos.
Ese gesto —la negación oficial de lo evidente— convierte el hecho en algo aún más grave, más inmoral, porque ya no estamos solo ante un crimen cometido por un agente armado, sino ante un poder político que intenta reescribir la realidad.
El asesinato ocurre en un contexto de xenofobia radicalizada y racismo llevado al extremo, donde cualquier persona de piel oscura, en todas sus tonalidades, es susceptible de acoso, perfilamiento y persecución. El color de piel se ha convertido en frontera y la sospecha en política pública. No se vigila una conducta, se vigila un cuerpo.
Durante décadas, la violencia estatal en Estados Unidos ha recaído de manera desproporcionada sobre afroamericanos, latinos e inmigrantes. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad blanca pudieron observar esos hechos como si ocurrieran en un margen del sistema, como si no los interpelaran directamente. Por eso, cuando la víctima es una ciudadana blanca, desarmada, el impacto simbólico es mayor: no porque su vida valga más, sino porque rompe el pacto tácito de inmunidad que muchos creían garantizado.
Pero, lo verdaderamente alarmante vino después. El Gobierno de Donald Trump salió a desmentir lo que todos vieron, a relativizar las imágenes, a sembrar dudas sobre hechos registrados desde múltiples ángulos. No hubo un gesto de prudencia institucional ni una voluntad genuina de esclarecer responsabilidades. Hubo, más bien, una práctica conocida, negar la evidencia para preservar el relato del poder.
Aquí es donde el caso estadounidense deja de ser ajeno y se vuelve dolorosamente familiar para Colombia. En nuestro país, esta estrategia de negación tiene un nombre que aún duele, los falsos positivos. Durante años, civiles no combatientes asesinados por agentes del Estado fueron presentados oficialmente como ‘bajas en combate’, pese a las denuncias persistentes de las familias, a las inconsistencias evidentes y, más tarde, a pruebas irrefutables. El problema no fue solo el crimen, sino la mentira institucional que lo sostuvo, la decisión política de negar lo evidente para proteger la legitimidad del poder.
Colombia aprendió —a un costo humano devastador— que el verdadero quiebre democrático ocurre cuando el Estado además de matar, miente después cuando desacredita a las víctimas, convierte la verdad en disputa política y no en principio ético. Primero se dispara; luego se justifica; finalmente, se niega.
Ese mismo patrón se activa cuando un Gobierno, frente a pruebas audiovisuales incontestables, decide cuestionar la realidad en lugar de asumirla. Cuando el poder niega lo evidente, la violencia se institucionaliza, porque deja de ser un exceso para convertirse en práctica protegida.
Estados Unidos y Colombia comparten, en este punto, una lógica peligrosa: la del enemigo interno como principio de Gobierno. En Colombia fue el ‘subversivo’, el ‘auxiliador’, el ‘sospechoso’. En Estados Unidos es el ‘migrante’, el ‘extranjero’, el cuerpo racializado que no encaja. En ambos casos, la sospecha reemplaza al debido proceso y el arma sustituye a la palabra.
La historia colombiana debería servir de advertencia. Cuando una sociedad tolera la violencia contra ‘los otros’, cuando acepta la negación oficial como mecanismo para administrar el daño político, la violencia no se detiene. Se expande. Se normaliza. Se desborda.
Lo ocurrido en Estados Unidos no es nada más que un episodio policial ni un exceso individual. Es una señal de degradación democrática, la misma que Colombia conoce bien. Un Estado que se arroga el derecho de decidir a la par, quién vive o muere, sino qué ocurrió y qué no, incluso contra la evidencia.
Negar lo que todos vimos no es un error de comunicación.
Es una decisión política. Y, sobre todo, una decisión ética. Colombia aprendió —tarde y con dolor— que sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay democracia. Estados Unidos parece hoy caminar peligrosamente por ese mismo sendero. Como ocurrió en nuestro país, la negación no buscaba esclarecer los hechos, sino administrar el daño político, aun al costo de sacrificar la verdad y la dignidad de las víctimas.
