Se cayó la mentira que por tanto tiempo sostuvieron los izquierdistas radicales y enemigos de Álvaro Uribe de que su política de Seguridad Democrática se creó para matar civiles inocentes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concluido de manera contundente que los llamados ‘falsos positivos’ no constituyeron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Por la importancia de la decisión y el momento actual, reedito apartes de un artículo publicado en este mismo periódico en agosto de 2022, titulado ‘Seguridad Democrática, no falsos positivos’. Al respecto, escribí lo siguiente:
Nada más alejado de la realidad y de la finalidad de esa política de Seguridad Democrática que afirmar que tuvo como objetivo matar civiles. Su objetivo misional era fortalecer las actividades de los órganos de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados al margen de la Ley, perseguirlos y someterlos hasta lograr su desmovilización, como expresión legítima del poder del Estado, que detenta el monopolio de las armas para usarlas y garantizar la seguridad de la sociedad y la defensa de las instituciones del Estado colombiano. Que quede claro, entonces, que la ‘Seguridad Democrática’ fue una política pública del Estado para la paz, no una estrategia para asesinar civiles.
Diversas ONG de derechos humanos y colectivos políticos de ideologías diversas, con intereses propios, han engañado a la sociedad civil con la mentira de los ‘falsos positivos’ para obtener réditos políticos o lucrativas demandas contra el Estado. Para llegar a la verdad de los hechos, los oficiales, suboficiales y soldados que participaron en el conflicto armado expusieron ante la JEP su versión de que se trató de hechos aislados del poder de mando del presidente, cometidos por militares de rango medio sin seguir una directriz de sus superiores.
La sociedad colombiana no podía ser cómplice de la destrucción de una institución querida y respetada por los colombianos, como el Ejército Nacional, aceptando una cacería de brujas instigada por intereses oscuros donde la voz del pueblo, por desconocimiento de la verdad, fuera la caja de resonancia de esos intereses. Al Ejército debemos nuestro agradecimiento, desde la independencia, como institución garante de la democracia del país.
La JEP tenía el deber legal y moral de investigar los hechos para establecer la verdad acerca de: 1. Muertes por efectos colaterales: en el DIH, se define como el daño o pérdida causado incidentalmente durante un ataque, a pesar de tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el daño o la pérdida de vidas o bienes civiles. Era de vital importancia esclarecer —junto con los militares implicados— cada víctima que causaron y por qué algunas se presentaron como bajas enemigas sin serlo, para determinar verdaderamente las estadísticas presentadas. 2. Muertes o asesinatos de civiles por parte de facciones paramilitares, fueran colaboradores o no. En diferentes versiones rendidas ante la JEP, los militares declararon haber recogido estos muertos y presentarlos como resultado de operaciones para aumentar las estadísticas. Era necesario, por tanto, esclarecer esos casos para determinar la responsabilidad de los implicados. 3. Crímenes de guerra: toda violación de las protecciones establecidas por las leyes, o asesinatos de prisioneros o capturados. Aquí, como en los casos mencionados anteriormente, los militares inmersos en la investigación debían explicar las motivaciones que los llevaron a quitarle la vida a estos guerrilleros o milicianos que realizaban actividades de inteligencia o diferentes apoyos logísticos, distintos a empuñar las armas. Esas motivaciones debían entenderse en el marco de la guerra como circunstancias propias de la misma, entendiendo que una guerra no es fácil y que factores como el cansancio, el temor o la venganza pueden llevar a un combatiente en el área de operaciones a creer que la desaparición física del adversario es la mejor manera de terminar el conflicto. 4. Falsos positivos: se define como la retención y muerte de una persona inocente que no tiene nada que ver con el conflicto (delincuentes comunes, campesinos, etc.), con el fin de inflar las estadísticas de resultados operacionales.
Era necesario, entonces, que la JEP realizará ese ejercicio judicial para esclarecer lo sucedido con esas supuestas muertes de inocentes ajenos al conflicto. De no haberlo hecho y sin aclarar el tema, esa justicia se hubiera visto como una institución parcial, sesgada, con intereses creados, como cuando intentó justificar el crimen de secuestro, calificándolo como ‘justa retención’, cometido por las antiguas Farc desmovilizadas.
La JEP con este pronunciamiento definitivo de que los ‘falsos positivos’ no fueron una estrategia sistemática de la política de Seguridad Democrática de Uribe, deja sin argumentos a los enemigos del expresidente, que por mucho tiempo convirtieron en ‘caballito de batalla’ esa mentira para justificar el conflicto. La verdad, que hoy brilla como el sol, es que la política de Seguridad Democrática se ejecutó para enfrentar a los grupos al margen de la Ley, devolviendo la tranquilidad y seguridad a los colombianos.
El nombre de Álvaro Uribe queda limpio ante semejante afrenta, y sus enemigos ya no podrán utilizar el cuento de ‘los falsos positivos’ con fines políticos. Toda esa mentira, con la que por mucho tiempo engañaron a los electores, ha sido desmentida.
