El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno nacional. Su materialización dependerá de las condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia. Y de contera, nos sorprende en medio de la crisis energética, inducida por lo demás por parte del mismo Gobierno, la más pavorosa en los últimos 30 años, lo que torna al Sistema Interconectado Nacional (SIN) más vulnerable, amén de su baja resiliencia frente al cambio climático por depender en un 58% de toda la capacidad instalada de generación de la generación hídrica.
El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo endiablado del 5.75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 Gwhd y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1971 GWH/año la Oferta de Energía Firme. Es más, según XM, que es la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.
Ello explica, entre otras cosas, que al corte del 3 de julio, XM reportó 36 restricciones energéticas por estado de emergencia y 48 por estado de alerta. Es más, entre abril y julio se impartieron por parte de X M 165 instrucciones de desconexiones, las que se denominan Esquema de Deslastre Automático de Carga (Edac) por baja frecuencia, que no es nada distinto que la desconexión de circuitos debido a sobrecargas ya sea en las líneas de transmisión nacional, regional, las subestaciones eléctricas y/o líneas de distribución. Con este procedimiento lo que se busca es proteger la estabilidad del SIN y evitar un corte masivo del fluido eléctrico.
El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio.De hecho, en un Comunicado reciente de XM se informó que 5.69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”.
A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En efecto, de los $4 billones que adeuda $1.5 billones corresponde a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.
En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% (¡!) y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%, por lo menos. Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.
Lo más grave es que debido al negacionismo del Gobierno de la escasez y el déficit de gas desde el 2023, advertido desde 2021 por parte de la Unidad de planeación minero-energético (Upme), en un estudio técnico para la adopción del Plan de abastecimiento de gas natural 2023 – 2038, se dilató prácticamente tres años la toma de la decisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de regulación de energía y gas (Creg) para dar las señales de política y la regulación para la instalación de nuevas plantas de regasificación con el fin de expandir la capacidad de importación de gas y la contratación del mismo por parte de las empresas comercializadoras.
La única regasificadora con la que se cuenta (la Spec, en Barú, Cartagena) está operando al límite de su capacidad (465 Mmpcd), convirtiéndose este en un cuello de botella y de los proyectos de nuevas plantas regasificadoras el más avanzado es el de Ecopetrol en el Pacífico y este sólo entrará a operar finalizando este año y su capacidad es muy limitada, de sólo 60 Mmpcd. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.
Según cálculos recientes, una sola hora de racionamiento le costaría a la economía del país entre $175.000 millones y $204.000 millones y si el racionamiento se prolonga podría restar entre 1.5% y 1.7% del PIB. Y lo que es peor, el sector informal de la economía, que supera el 58%, llevaría la peor parte, por su alto grado de vulnerabilidad y por sus mayores dificultades para mitigar los cortes. Bien dijo el Nobel de economía Joseph Stiglitz que “quienes sufren más en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. ¡Ello no es justo!
