En días pasados escribí una columna titulada: ¿Yo quiero que Petro sea un dictador para La Guajira? Y resalté en uno de sus apartes que “las instituciones deben permitir que Gustavo Petro pueda actuar en la búsqueda de soluciones para la problemática de La Guajira sin darle el pretexto de que no construyó esas soluciones porque se lo impidieron los tecnicismos legales, porque negarle esa oportunidad sería privar a la población de una posible solución real y efectiva para sus dificultades”.
Y finalmente se canceló la emergencia. Fue una decisión que ya habíamos anticipado. Su declaración se hizo debido al uso inapropiado de los mecanismos de excepción consignados en nuestra legislación. El presidente podía y debía solucionar los problemas a través de las herramientas ordinarias.
Fiel a su tradición, el Gobierno empezó a repartir las culpas, campo en el cual ha demostrado una amplia experticia.
Lo que es innegable es que la responsabilidad del Ejecutivo, derivada de la promulgación de una medida inconstitucional que generó falsas expectativas e incumplibles, socava la legitimidad del Estado. La expirada emergencia incluía una variedad de medidas, tan amplias como indefinidas, que iban desde la protección de las fuentes de agua (un área de gran importancia en la que el Gobierno no había tomado ninguna acción, pero a la cual la Corte le otorgó un año de prórroga sin perjudicar, por suerte, los intereses legítimos de otros sectores), hasta cambios en las regulaciones de frecuencias radioeléctricas y la creación de una nueva universidad para a Guajira, es decir, trató de implementar un “plan de desarrollo” de manera disimulada, tras no incluir en su programa de gobierno una política que contribuyera a solucionar de manera estructural y definitiva los grandes problemas del Departamento en los próximos cuatro años, dejándonos en un abandono total.
Resulta irónico, por demás, cómo el Gobierno afirma que la crisis en La Guajira es algo excepcional, cuando en realidad durante mucho tiempo, cuando estaban en la oposición, ya la habían señalado. Resulta preocupante que durante la campaña el Gobierno propusiera medidas para abordar la situación del Departamento y que pasado un año no se hayan producido cambios significativos.
Por eso es crucial que el Gobierno fortalezca las instituciones encargadas de enfrentar el cambio climático, otorgándoles los recursos necesarios para ese fin, pues este fenómeno está afectando de manera severa a La Guajira, causando sequías, desertificación y escasez de agua. Estas condiciones están empeorando la situación de la población y agravan la crisis humanitaria.
Es necesario que se implementen leyes y políticas que aborden de manera integral los múltiples problemas que afectan a La Guajira. Es una gran oportunidad para que los congresistas guajiros ratifiquen que no nos equivocamos al elegirlos. De no hacerlo así, pagarán el precio del descrédito político y el desprecio social. Es momento de que demuestren su compromiso y tomen acciones concretas para superar la crisis humanitaria y enfrentar los desafíos del cambio climático. Es imperativo que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten acciones inmediatas que garanticen la efectividad de los derechos fundamentales de los habitantes de La Guajira. La falta de medidas contundentes solo perpetúa la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas.
Asimismo, es de vital importancia fortalecer las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático, dotándolas del músculo financiero que exigen las circunstancias descritas. La sequía y el cambio climático están exacerbando la crisis en La Guajira, por lo que se precisa contar con instituciones sólidas que puedan hacer frente a estos desafíos y mitigar sus impactos.
El Gobierno no puede seguir postergando la solución a esta problemática. La decisión de la Corte debe ser tomada como una llamada de atención y una oportunidad para actuar de manera resuelta. La situación en La Guajira no da más espera más, y por tanto es deber del Gobierno trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores de la sociedad para encontrar soluciones reales y duraderas.
