Decía Jaime Garzón que en Colombia los ricos se creen europeos, la clase media gringa, los pobres mexicanos y los intelectuales/académicos franceses; quizá sea el retrato de una jerarquía simbólica donde lo propio se subestima y lo ajeno se idealiza.
Hay momentos en los que Colombia vuelve a mirarse, aunque no siempre quiera hacerlo, en el espejo de sus propias contradicciones. Mientras repetimos sin cesar y con orgullo que somos una nación diversa, pluricultural y multiétnica, nuestras acciones dan a entender que esas afirmaciones siguen siendo más un anhelo que una realidad.
No es casual que el tema de discusión por estos días sea la escogencia como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda de la lideresa indígena Aída Marina Quilcué Vivas, lo que ha generado una ola de críticas, burlas y ataques, en su mayoría disfrazados de argumentos técnicos.
Algo similar ocurrió durante la Alcaldía de Claudia López, cuando comunidades indígenas ocuparon el Parque Nacional en Bogotá. El debate público se centró más en la incomodidad que generaban y en el estado del parque tras su salida que en las razones profundas de su presencia. Una vez más, la diferencia fue vista como problema, no como síntoma.
La figura de Francia Márquez, hace apenas cuatro años, marcó un punto de quiebre. Su llegada al poder no solo representó un triunfo político, sino un desafío cultural profundo. Una mujer negra, de origen humilde, liderando desde las más altas esferas del Estado removió estructuras invisibles. Y la reacción fue reveladora: ataques abiertos, burlas, cuestionamientos y amenazas que rara vez se hacen a otros dirigentes.
No se trata de idealizar a los candidatos ni de asumir que la inclusión, por sí sola, resuelve los problemas estructurales del país. Tampoco de exigir menos a quienes provienen de sectores históricamente excluidos. Se trata, más bien, de una tarea más difícil: reconocernos en el otro y aceptar que el poder puede y debe ser ejercido por quienes durante décadas no han tenido acceso a él.
Nuestra historia política lo confirma. Después de figuras como Padilla y el ‘Negro’ Robles, líderes afro y guajiros del siglo XIX, la presencia negra, indígena y raizal en el poder fue prácticamente inexistente.
Tanto el Congreso, como el poder ejecutivo y el judicial, estuvieron ocupados por las élites centralistas y regionales, cerradas sobre sí mismas. Con la Asamblea Nacional Constituyente, como primer espejo y luego la Constitución de 1991, nos reconocimos formalmente como pluriétnicos y multiculturales, al menos en el papel, y abrimos espacios políticos permanentes con circunscripciones especiales para comunidades afro e indígenas. Sin embargo, creímos haber cumplido la tarea y olvidamos lo esencial: cambiar la mentalidad y aceptar al otro con los mismos derechos.
Hoy esa misma lógica se repite con Aída Quilcué. Las críticas que recibe no pueden explicarse únicamente por sus posiciones ideológicas o falta de títulos académicos. Hay un trasfondo más profundo: la resistencia a que una mujer, indígena, sin títulos universitarios ocupe espacios de poder y visibilidad.
Lo paradójico es que, durante más de 200 años de vida republicana, quienes han detentado el poder, en su mayoría provenientes de apellidos tradicionales y familias ‘de bien’, formados en las mejores universidades, han sido también protagonistas de algunos de los escándalos de corrupción más sonados: los Nule, Karen Abudinen y la pérdida de los 70 mil millones, Reficar o el saqueo histórico de Foncolpuertos, por mencionar sólo algunos.
Es decir, mientras se desconfía de quienes representan la diversidad del país y se le da una inusitada relevancia a los títulos académicos, se ha confiado históricamente en quienes, desde la élite, ha fallado una y otra vez, reproducen y mantienen el sistema desigual e inequitativo en el que vivimos, uno de los peores del mundo.
Aceptar la diversidad no es tolerarla desde la distancia; es reconocerla, respetarla y permitirle ejercer el poder. Y en eso, como país, aún estamos en deuda.
