Mostrar la Fuerza Pública no equivale a fiscalizar su ejercicio.
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La seguridad no puede evaluarse únicamente contando cadáveres de víctimas y victimarios o de personas encarceladas. También debemos examinar cuántas detenciones estuvieron respaldadas por pruebas, cuántas personas fueron condenadas con garantías judiciales, cuántos abusos se investigaron y qué mecanismos existen para reparar a las víctimas de detenciones injustas. Una reducción de la criminalidad no convierte automáticamente en legítimo cualquier procedimiento utilizado para conseguirla. Uno de los efectos más preocupantes del espectáculo punitivo es la construcción de una frontera moral entre quienes supuestamente merecen derechos y quienes, por ser señalados como criminales, quedarían excluidos de su protección.
Esta concepción desconoce que las garantías fundamentales no dependen de la simpatía social, la condición económica ni la gravedad de una acusación. La responsabilidad penal debe establecerse mediante pruebas y procedimientos legales que permitan la defensa y el control judicial. Los derechos humanos no impiden investigar, capturar, juzgar y condenar a quienes cometen delitos. Establecen los límites dentro de los cuales el Estado debe hacerlo.
Cuando esos límites se debilitan, las consecuencias pueden extenderse más allá de las personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales. Los ciudadanos inocentes, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los opositores y quienes protestan pacíficamente también pueden quedar expuestos a decisiones arbitrarias si desaparecen los controles institucionales. La garantía del debido proceso no es una concesión al delincuente. Es una protección de toda la sociedad frente al ejercicio arbitrario del poder.
Los medios de comunicación desempeñan un papel decisivo en la construcción de la percepción pública de la seguridad. Las imágenes de capturas, cadáveres, operativos y reclusos pueden dominar la conversación pública, mientras las investigaciones sobre abusos, las condiciones de las cárceles y las causas sociales de la criminalidad reciben menos atención. No todos los medios actúan de la misma manera ni toda cobertura espectacular supone una intención deliberada de ocultar información. Sin embargo, cuando la búsqueda de impacto desplaza la verificación y el seguimiento periodístico, el debate puede terminar subordinado a la narrativa del poder.
El periodismo tiene la responsabilidad de informar sobre los resultados de las políticas de seguridad, pero también de investigar sus costos, contrastar las cifras oficiales, escuchar a las víctimas y exigir explicaciones sobre la legalidad de las actuaciones estatales. Mostrar la Fuerza Pública no equivale a fiscalizar su ejercicio. Difundir una captura no demuestra que exista una condena legítima. Exhibir un cadáver tampoco constituye, por sí mismo, una prueba de justicia. Cuando la muerte se convierte en material de propaganda, existe el riesgo de que la dignidad humana desaparezca de la discusión y que el sufrimiento se transforme en instrumento de legitimación política.
Las propuestas de seguridad que privilegian la construcción de megacárceles y el endurecimiento de las medidas coercitivas deben examinarse junto con sus decisiones presupuestales y sociales. Si la ampliación de la capacidad penitenciaria coincide con recortes a programas de educación, atención a la infancia, inclusión laboral, salud mental o fortalecimiento comunitario, es necesario preguntar qué modelo de sociedad se está financiando y qué capacidades estatales se están debilitando. No basta con anunciar más cárceles. Es necesario explicar cómo se prevendrá el ingreso de nuevos integrantes a las organizaciones criminales, cómo se garantizará la investigación judicial, cómo se combatirá la corrupción y qué oportunidades tendrán las personas que puedan reintegrarse legalmente a la sociedad.
La reducción del gasto público, por sí sola, no demuestra que se hayan recortado programas específicos de prevención. Pero cualquier propuesta presupuestal debe evaluarse por sus consecuencias concretas sobre la protección social, la justicia y la seguridad ciudadana. La seguridad requiere recursos, instituciones eficaces y controles democráticos. No se construye únicamente mediante el aumento de la capacidad de castigar.
América Latina necesita políticas capaces de enfrentar con decisión el crimen organizado, proteger a las víctimas, desmantelar las redes financieras ilegales y recuperar los territorios sometidos a la coerción criminal. Pero también necesita Estados que garanticen educación, empleo digno, alimentación, acceso a la justicia y oportunidades reales para las nuevas generaciones.
La lucha contra la corrupción y la captura de las instituciones por intereses del narcotráfico es indispensable. Si los actores criminales pueden comprar funcionarios, infiltrar organismos judiciales, financiar redes políticas o controlar territorios, el encarcelamiento de sus integrantes de menor rango no resuelve el problema de fondo. La seguridad debe combinar la capacidad legítima de sancionar con la capacidad de prevenir, proteger derechos y construir confianza institucional. No se trata de escoger entre seguridad y derechos humanos. Se trata de comprender que una política de seguridad que desconoce los derechos puede producir nuevas víctimas y debilitar los controles destinados a proteger a toda la población.
El verdadero desafío de los gobiernos no es demostrar permanentemente que pueden castigar, sino construir sociedades en las que la violencia encuentre menos condiciones para reproducirse, las instituciones sean menos vulnerables a la corrupción y la ciudadanía pueda vivir sin miedo, con dignidad y con derechos. Porque una sociedad no se transforma solamente encerrando a quienes delinquen. Se transforma también cuando garantiza que las nuevas generaciones tengan más oportunidades de construir una vida digna que de ingresar a una economía criminal.
El espectáculo punitivo puede producir aplausos inmediatos. La construcción de una sociedad segura, justa y democrática exige mucho más que aplausos: exige resultados sostenibles, justicia independiente y respeto irrestricto por la dignidad humana.
