Estamos en un tiempo difícil que muy seguramente va a poner en alta tensión a nuestro país por la nueva elección del Procurador General de la Nación, en reemplazo de la doctora Margarita Cabello Blanco, como jefe máximo del Ministerio Público encargado de representar a la sociedad ante el Estado, vigilar la conducta de los servidores públicos, vigilar la integridad y transparencia de la administración pública, salvaguarda de los derechos humanos y del ciudadano y la preservación del patrimonio público. Función constitucional que es de vital importancia para el Estado Social de Derecho.
Muchos son los perfiles, muchos son los nombres de altos funcionarios y exfuncionarios de la Rama Ejecutiva, Judicial, e independientes, académicos, docentes, de ideologías de izquierda, algunos de derecha y radicales, políticos, que quieren ser Procurador General de la Nación. Algunos sin haberse abierto la convocatoria para que las cortes que según la Constitución deben postular nombres e incluso en la Presidencia de la República, ya que muchos mejor prefieren ser candidatos del presidente, para decirlo de otra manera “tengan mejor bendición”, es voz populi que en el Congreso ya están haciendo antesala y no es un pecado hacerlo pues se trata de uno de los cargos más importantes después de la Presidencia de la República.
El sucesor de la doctora Margarita Cabello Blanco, en primer lugar debe conocer o por lo menos tener un conocimiento de la misionalidad de la entidad, en sus tres ejes, preventivo, intervención y disciplinario, ser independiente del Gobierno, académico, conocedor del Derecho disciplinario, pues si revisamos la historia o en comparación con otros países, las funciones que tienen los procuradores generales son completamente diferentes, pero pueden servir de marco de referencia para el perfil que debe elegir el Senado de la República de Colombia por ejemplo en países como Estados Unidos donde el Procurador General se encarga de defender al Estado y al Gobierno, o en América Latina trata de defender los derechos de los ciudadanos, junto con los intereses de carácter público. Sin embargo, en nuestro país, y a mi juicio, respetando la opinión de otros, es sano para la democracia e incluso para los mismos senadores elegir un alto perfil pero que sea netamente académico, que tenga trayectoria meritocrática, una persona independiente y con las capacidades necesarias, tanto a nivel personal como profesional, que pueda brindar una perspectiva pluralista al desempeño de su cargo, que respete la independencia y sea un servidor que pueda brindar las garantías para el órgano que los elige al momento de ser investigados disciplinariamente.
Es importante exhortar a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y al mismo presidente, quien ha sido crítico de la existencia de la Procuraduría, para que una vez se ordene la apertura de la convocatoria para escoger los nombres que van a proponer para integrar la terna, se elijan los mejores perfiles para que el Senado pueda realizar una elección independiente de los compromisos políticos. Esta entidad no puede quedar en manos de un funcionario que realmente no conozca para qué fue creada, según la Constitución de 1991, la Procuraduría General de la Nación. La invitación también respetuosa al Senado para que revise bien las hojas de vida de los postulados y haga una elección transparente de cara al país, con la participación de la ciudadanía y que se sienta que todavía hay respeto por la ley y nuestra Constitución.
