Lo sucedido con la multinacional Enel Colombia en referencia a su anunció de suspender de manera indefinida el proyecto eólico Windpeshi en nuestro Departamento debe prender las alarmas en todos los estamentos.
Esto no solo nos duele como guajiros, sino como ciudadanos que con mucha ilusión soñamos con un departamento competitivo, moderno y con la responsabilidad de transitar a la transición energética con energías limpias que nos están abriendo un nuevo mercado y nos pone en vanguardia con las nuevas políticas ambientales relacionadas con las nuevas energías.
Si bien es cierto que la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica; ¿pero será que las medianas y nuevas generaciones indígenas honran a sus antepasados con la palabra seria y sin ningún interés individual pasando por los intereses de las comunidades?
Desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia, la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada, y el goce efectivo de los derechos de ésta implica seriedad compromiso y nada de abusos.
Como lo manifestó la gobernadora (e) y uniéndonos a su clamor de que están privando a La Guajira del progreso y el desarrollo, debe decirse en una sola voz en toda La Guajira, este Parque Eólico Windpeshi tenía la capacidad de generar cerca de 205 megavatios, lo cual evitaría cerca de 1 millón de toneladas de CO2 y podría suplir de energía a más de 500 mil hogares, pero parece que el poder que le dio la Constitución del 91 ha sido mal interpretado conscientemente por algunos líderes indígenas, lo que nos pone mal parados ante el país.
Si la multinacional Enel Colombia había hablado con las 13 comunidades que están en el parque y cumpliendo con los protocolos con la normativa del Ministerio del Interior; no se justifica que las expectativas sociales se transformen en vías de hecho, lo que han derivado en que estas exigencias superen el marco de actuación de la compañía, perjudicando de una manera peligrosa el desarrollo de la península.
La consulta previa, como una de las herramientas de protección de los derechos de los grupos étnicos más emblemáticas por su talante participativo, presenta sin embargo una construcción normativa y doctrinal que no comulga con la democracia deliberativa, principalmente porque supone, primero, la expresión de intereses individuales por parte de los participantes y, segundo, la posibilidad de que una de las partes ejerza algún tipo de poder sobre la otra para influir en el resultado sin importar los eventos adversos que se puedan generar. Se está poniendo en entredicho uno de los principales triunfos del derecho internacional de los derechos humanos para la protección de los grupos étnicos, con estos comportamientos que sin lugar a dudas la mayoría en La Guajira no comulga con estos comportamientos.
En este sentido, si bien la consulta previa se ha convertido en un escenario de abierta confrontación, considero que de la mano de la debida conducción de los intereses que defienden las partes y de la limitación de la capacidad de ejercer poder que estas en un momento determinado puedan poseer, es posible aspirar a convertirla en un espacio de negociación deliberativa civilizada y, de esa forma, mantener la amenaza de imposición de una parte sobre otra como última opción. Llegó la hora de revisar este proceso fundamental para todos y así no espantar la inversión privada que a la larga es el motor del desarrollo de las regiones.
