Los poderes públicos de Colombia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son independientes para unos casos y dependientes o supeditados para otros deformando el criterio que los caracterizan. El poder ejecutivo en cabeza del presidente es objeto y fuente de dependencias retributivas que vienen operando desde hace muchos años fraguados en coaliciones mayoritarias utilizadas por los presidentes para que les aprueben proyectos de ley y actos legislativos, previa transacción económica.
Las aprobaciones en el Congreso tienen valor y costo económico repartidas en miembros de bancadas politiqueras que venden el voto de apoyo al poder ejecutivo, no obstante tener un buen sueldo para garantizar efectividad. De lo contrario, congelan o niegan sin analizar la importancia prevista en el proyecto y los beneficios que favorecerían a la gente.
Cuando compran la mayoría del Congreso aprueba a pupitrazo limpio los trámites negociados sin ni siquiera saber el contenido de lo que aprueban porque no se dan la tarea de leerlo y de consultar a sus asesores.
La politización de la justicia no es nada nuevo. Compromete y desacredita las tradiciones y antecedentes desastrosos, tasadas en precios o valores que favorecen con aprobaciones y decisiones en acciones, operaciones y manejos; a veces violatorias de normas legales. Apadrinar o financiar una elección de magistrados de la Corte Constitucional, procurador general, contralor, entre otros, no es normal ni ético. Sin embargo, predominan los intereses del mandatario. De la misma forma ocurre con la elección del fiscal general en la Corte Suprema de Justicia, de terna que remite y presenta el presidente de la República.
Con el acuerdo del Frente Nacional, suscritos por los partidos liberales y conservadores para poner fin a conflictos políticos y sanear diferencias traducidas en violencias por la dirigencia partidista residente en la capital del país, Bogotá D.C. con el objeto de sellar la paz sobre confrontaciones ideológicas partidistas, iniciadas a finales del siglo XIX durante la guerra interna de los mil días y los asesinatos de dos grandes líderes liberales, como el general Rafael Uribe Uribe, a quien mataron de un hachazo en la cabeza, por detrás, y Jorge Eliécer Gaitán, mediante atentado sicarial, en 1948.
A partir del año 1957, después de deponer el gobierno conservador de Laureano Gómez, dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla, asumiendo la presidencia, dando golpe de estado a la cúspide conservadora, conformada por Ospina-Gómez-Urdaneta. Seguidamente se convocó un plebiscito popular, avalando el acuerdo de paz y a la vez, reconociendo por primera vez el derecho ciudadano a las mujeres, cedulándolas para que participaran en la elección popular en igualdad que los hombres.
Se acordó en los dos partidos gobernar durante cuatro periodos, dos periodos alternativos, liberales y conservadores, iniciando en el año 1958 con el presidente Alberto Lleras Camargo, le siguieron: Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y terminó con Misael Pastrana Borrero en el año 1974. También aprobaron compartir el 50% de los miembros del Poder Legislativo, Cámara y Senado, y de la misma forma, el Poder Judicial, jueces, magistrados y dependientes. Los tres citados poderes, debían cumplir el compromiso acordado en igualdad y equidad burocráticas en todas las instituciones publicas por un periodo de 16 años. Así se inició la politización de la justicia.
Se ha vuelto una costumbre en el Poder Ejecutivo absorber y meterse en el bolsillo, además del Poder Legislativo, el Poder Judicial, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras. La finalidad de abarcar todos los poderes, órganos disciplinarios, fiscales y penales, para hacer y deshacer sin intervención, controles, ni objeciones de ninguna autoridad competente que frene: abusos, arbitrariedades y corrupción del Poder Ejecutivo en los servicios públicos; quedando demostrada la falta de independencia por motivo de subordinación, amparo y protección en contradicción de funciones, atribuciones y facultades potestativas que omiten ejercerla o ignorarlo en procura de favorecimientos dudosos, quedando en el aire las garantías en la prestación del servicio por falta de confianza, parcialidad y estabilidad funcional.
Un presidente que ejerza conforme a las normatividades constitucionales y legales vigentes de manera transparente y eficiente no tiene necesidad de patrocinar ni financiar compras de votos a congresistas torcidos que se venden con burocracias, contrataciones o capital efectivo para votar por determinado candidato de elección a su cargo y competencia.
El presidente Gustavo Petro está incurriendo en lo mismo que antes en oposición cuestionaba. Pedir la renuncia de tres ministros porque los partidos representados en el gobierno no correspondieron con el voto en favor de la elección del último magistrado de la Corte Constitucionales, que tuvo ganador al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, pero el presidente Petro se inclinaba en la terna remitida por la Corte Suprema por la abogada María Patricia Balanta Medina, quien tuvo una diferencia en contra de 21 votos frente al ganador. Son viejas y rancias costumbres politiqueras que se esperaban cambiar y superar en este gobierno, pero sigue en las mismas de sus antecesores.
La derrota del gobierno de Gustavo Petro en el Senado ha originado causa de enojo al presidente. ¿Podrá constituir una elección de magistrado motivo de tormenta y crisis política, en el poder ejecutivo, cuya competencia, corresponde a otros poderes, que se presumen ‘independient’? ¿Qué se perdió o qué perseguían con ganar un nuevo magistrado de la Corte Constitucional? Poderes sin equilibrios terminan en desastres por abusos.
