Con la organización y puesta en funcionamiento de la ‘Veeduría Ciudadana’, los organismos no gubernamentales que la componen, asumieron la responsabilidad ética, social y política de incidir en el escenario tendencial que se presenta en el departamento de La Guajira, y que se manifiesta a través de la crisis humanitaria en que se desarrollan los niños y niñas wayuú y sus comunidades, y que la Corte ha puesto en la agenda nacional a través de la Sentencia T-302 de 2017, en donde se declaró el estado de cosas inconstitucional por la violación generalizada de los derechos al agua, seguridad alimentaria y nutrición, salud y participación.
Sobre el cumplimiento de la Sentencia, este miércoles 27 de octubre la Veeduría rinde su informe sobre el desempeño de las instituciones accionadas para el cumplimiento de la misma. Para cumplir la tarea, esta veeduría contó con un equipo técnico para hacer seguimiento a la implementación de la Sentencia, se realizó el estudio de las principales acciones e informes contenidos en el expediente de verificación judicial; análisis de los planes de desarrollo de las 5 entidades territoriales de La Guajira accionadas en la Sentencia; diálogo genuino con líderes y comunidades indígenas; trabajo de verificación en campo incluyendo entrevistas y encuestas; análisis permanente de información territorial y comunitaria y por último, análisis de las acciones adelantadas y planteamientos presentados por parte de las entidades accionadas y los organismos de control.
En el documento que se asume como la rendición de cuenta del periodo que va de noviembre de 2020 a octubre del 2021, se estructura desde el contexto regional, destacando las condiciones económicas y socioculturales de la población, también se abordan los temas más relevantes de la Sentencia y las acciones que han venido desarrollando las entidades accionadas en cada uno de los objetivos que se determinan. Además de exponer la dinámica del comportamiento de las entidades que hacen parte del mecanismo de seguimiento y vigilancia de la Sentencia, están brindando un espacio importante para visibilizar las voces y los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil que se hicieron más constantes a partir de la sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en junio de este año.
En el componente de verificación de las obras y acciones realizadas por las instituciones comprometidas en los tres niveles de gobierno, se exponen las desarrolladas en los objetivos mínimos constitucionales del derecho al agua, seguridad alimentaria y nutrición, teniendo en cuenta la incidencia en los indicadores de resultados señalados en la Sentencia y que están relacionados con la muerte de niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición y las morbilidad en tres tipos de desnutrición, situación que hace que el estado de cosa inconstitucional se encuentre más crítica si se tiene en cuenta la línea de base existente al momento de la expedición de la Sentencia.
