El Hospital de Nazareth no solo es una institución sanitaria en crisis, sino un espejo de la negligencia nacional; es el símbolo más descarnado de la corrupción estructural, la indolencia política y la complicidad ciudadana que se juntan para crear tragedias humanitarias evitables. La intervención forzosa de la Supersalud identificó hallazgos graves que incluyen desde la falta de control de medicamentos hasta ausencia de información contable confiable, siendo la manifestación tardía de un problema que lleva décadas gestándose.
Pero señalar únicamente las fallas administrativas sería quedarse en la superficie de una problemática mucho más profunda: la actitud cómplice de una sociedad que ha normalizado el saqueo de los recursos públicos, convirtiendo la salud en moneda de cambio electoral.
Esta tragedia no habría sido posible sin el consentimiento de una comunidad que, elección tras elección, ha legitimado con sus votos a los mismos políticos corruptos de Uribia, del Departamento y congresistas que posteriormente saquean las instituciones de salud. La compra de votos, que es ‘recurrente en el departamento de La Guajira’, ha creado un círculo vicioso donde los ciudadanos wayuú intercambian su derecho democrático por promesas vacías. Esta complicidad ciudadana es especialmente grave cuando hablamos de una población indígena que conoce de primera mano los efectos devastadores de la corrupción.
La crisis del Hospital de Nazareth es también el resultado directo de una clase política que ha convertido la salud pública en su ‘botín de guerra’. El clientelismo político ha penetrado tanto en las comunidades wayuú que el voto está condicionado por los políticos tradicionales y convierte cada elección en una subasta donde los recursos de salud son el premio mayor.
Los políticos de Uribia y del Gobierno departamental no son ajenos a esta cultura de rapiña. Durante años, han permitido que el hospital opere bajo la administración negligente mientras se deteriora sistemáticamente, saqueando los recursos. La insensibilidad de estos políticos alcanza niveles groseros cuando consideramos que saben perfectamente las consecuencias de sus actos. Cada peso desviado de los programas de salud se traduce directamente en vidas perdidas.
Pero la responsabilidad incluye al Gobierno nacional porque ha sido igualmente negligente, actuando como cómplice silencioso de esta tragedia humanitaria. La designación de interventores sin los requisitos necesarios demuestra que las decisiones se toman sin medir las consecuencias reales sobre la población vulnerable. El Gobierno nacional debe dejar de implementar soluciones cosméticas que no abordan las causas estructurales del problema. No basta con intervenciones administrativas puntuales; se requiere una estrategia integral que incluya el fortalecimiento institucional, la persecución efectiva de la corrupción y la implementación de mecanismos de transparencia y participación ciudadana reales.
La situación del Hospital de Nazareth ilustra perfectamente cómo funciona el círculo vicioso de la corrupción en Colombia. Los políticos corruptos prometen mejoras en salud durante las campañas, la comunidad los elige esperanzada, estos políticos proceden a saquear los recursos destinados a hospitales, la población sufre las consecuencias, pero en las siguientes elecciones vuelve a votar por los mismos actores o sus herederos políticos.
Se requiere un cambio fundamental en la cultura política que involucre tanto a los ciudadanos como a sus representantes. No se puede seguir justificando el apoyo a candidatos corruptos bajo el pretexto de recibir beneficios inmediatos cuando estos mismos beneficios son pagados con recursos que originalmente correspondían a servicios de salud y educación.
Los políticos guajiros deben entender que su insensibilidad tiene un costo humano real y directo. Cada acto de corrupción en el sector salud es un crimen contra la humanidad que se comete contra la población más vulnerable del país.
El Hospital de Nazareth puede convertirse en un símbolo de transformación cuando todos los actores involucrados asuman su cuota de responsabilidad en la tragedia actual y se comprometan con un cambio que ponga la vida y la dignidad de los wayuú por encima de los intereses políticos y económicos particulares. De lo contrario, seguirá siendo simplemente otro monumento a la negligencia colectiva que caracteriza la gestión pública en La Guajira, que es una de las regiones más vulnerables de Colombia.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”.
