Desconociendo la realidad nacional y su contexto energético, algunos líderes políticos han tenido la osadía de abordar temas como la explotación minero-energética, para de manera irresponsable, generar confusión y desinformación. Los últimos días hemos escuchado una serie de propuestas descabelladas que atentan directamente contra las finanzas del país y el avance de las energías limpias.
En medio de un debate apasionado y sin fundamentos que busca satanizar a este sector, motor de la economía, se han atrevido a proponer “la suspensión de la exploración petrolera en el país”. Sin sentarse a pensar: ¿De dónde sacaremos los millonarios recursos que entrega el sector por concepto de regalías o los altos dividendos que produce Ecopetrol? ¿Cómo reemplazar de un día para otro, los dineros que aporta esta industria a la Nación? o ¿Cómo avanzar en los planes y proyectos de descarbonización sin el apoyo de la industria?
Conscientes de que cambiar la ecuación energética de Colombia requiere de mucho tiempo y esfuerzo, hemos ido trazando una ruta confiable con leyes como la 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, con las que buscamos ir ampliando la disponibilidad de los recursos energéticos para reemplazar, de manera paulatina, las fuentes fósiles. Un proceso que sería inconcebible sin el respaldo de la industria petrolera.
Aunque la alta dependencia de esta industria ha traído grandes dolores de cabeza a la economía nacional, por la volatilidad de los precios y las variaciones en la producción, no podemos negar los importantes beneficios que ha generado durante más de 100 años.
Al ser un sector que en los últimos 8 años ha aportado $153 billones en ingresos para el país, con la mayor participación en la canasta exportadora, cuya renta petrolera equivale al 12% de los ingresos corrientes de la Nación, es totalmente absurdo que en estos tiempos de gran estrechez fiscal, algunos estén pensando en eliminarlo de tajo sin analizar las consecuencias negativas que traería para la economía colombiana.
En el 2018, uno de los años con mayor nivel de renta petrolera en el último quinquenio, las compañías de exploración y producción de hidrocarburos, según cifras oficiales, aportaron al Estado 21,7 billones de pesos, el 70% lo recibió el Gobierno nacional, mientras que el 30% correspondió a las regalías. Aunque en el 2020, la pandemia mundial impactó a la industria de forma dramática, en el 2021 han resurgido las expectativas sobre el crecimiento de la economía debido a los precios del crudo, que podrían traducirse en ingresos adicionales para el país, por encima de los $4,2 billones.
Imaginar un posible escenario de pérdida de autosuficiencia es aterrador y reprochable para un país que posee unos remanentes considerables por descubrir y que no soportaría un aumento en precios, producto de la importación de petróleo y gas.
Pese al proceso de cambio hacia Fuentes No Convencionales de Energía Renovable –Fncer– que se está dando a nivel mundial, la Organización de Países Exportadores de Petróleo –Opep– proyecta que el uso de combustible aumentará en 3,28 millones de bpd para 2022. Queramos o no, la realidad es que durante un largo tiempo seguiremos necesitando petróleo, y en este escenario, qué mejor que producirlo nosotros mismos.
Los resultados positivos e históricos realizados en las exploraciones de los últimos años, nos han brindado un escenario optimista para el futuro energético del país, confirmándonos que el respaldo de este sector es esencial en el proceso de transición energética y obligatorio para nuestra recuperación económica. En el próximo debate electoral, invitamos a todos los protagonistas a abordar esta discusión de manera técnica y aterrizada a la realidad nacional.
