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¿Han servido las “tulas” en la política?

Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza
julio 13, 2021
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Surge día con día la pregunta de si han servido o no las denominadas “tulas” en la política y más exactamente en los procesos electorales. A lo que respondo que sí han servido para elegir a quienes no lo merecen, personajes de toda laya que avasallan con el poder del dinero, siempre mal habido, que los arropa de prepotencia y esconden tras de sí oscuros intereses, generando atrasos, creando retrocesos, así como determinando de contera lo cual que el dinero en las elecciones constituya un grande como grave y atentatorio peligro a todo nivel para la democracia.

He dicho siempre que la política se enlodó desde hace ya varios decenios, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero quedándose sucia desde entonces, al ser la forma de dominio que han tenido los detentadores del poder para doblegar a la opinión pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes que ese mando proporciona, en el entendido que necesitan que la política sea sucia por cuanto es manera de conseguir la amplia gama de complicidades que precisan para mantener su predominio; lo que indica que en efecto si han servido las “tulas” de los políticos para elegirse y hacer elegir a los suyos en nuestras localidades, municipios, departamentos y país, lo que es a todas luces lamentable, inmoral, indecente y perverso.

Tenemos un hacer político entre nosotros que se ha convertido desafortunadamente en una fuente muy lucrativa de recursos para partidos, políticos y servidores públicos, quienes van por lo suyo, para los suyos y de sus patrocinadores, convencidos que lo que lograrán y en efecto logran, justificar cualquier medio para llegar. No son nuestras elecciones libres y confiables, ya que en muchos casos la voluntad popular no es respetada, al haber en ello fraude, compra, coacción, falsificación de credenciales electorales, manipulación, alteración del contenido de las urnas y de los registros de los resultados. Es a todas luces lo que nos sucede, una situación de mediocridad que no ha hecho más que beneficiar inmerecidamente a unos pocos, además de generar consecuencialmente el atraso en que se encuentran nuestros pauperizados municipios y departamento.  

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Requerimos con urgencia, dada la importancia de lo cual, una serie de estructuraciones y reformas dirigidas a la supervisión de los procesos electorales y el condigno castigo de las conductas ilícitas que surjan, como bien pueden ser la rigurosa fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidatos, la designación y capacitación de los funcionarios electorales, integración y resguardo del hacer electoral, así como emitir reglas claras en todo cuanto concierna a los procesos de elección popular.

Necesario un adecuado financiamiento público a los partidos, que haga más equitativa la competencia, en la verdad que los partidos en el poder hacen de una u otra manera uso de los recursos del gobierno para financiar sus campañas y garantizar su triunfo, en lo que se adoptan prácticas irregulares en los casos en que los resultados no le son favorables. Otro aspecto a condenar es la intromisión de dineros privados y de la delincuencia de distinta naturaleza, que sin duda falsean la balanza hacia algún candidato y quedan favores pendientes que en cualquier momento deberán pagarse.

Repito, son urgentes e inaplazables reformas y estructuraciones a este tenor electoral, toda vez que necesitan ser sus problemas resueltos, para que no sigan las prácticas fraudulentas y demás otras estrategias con las que hábilmente partidos y políticos evaden sanciones o una vez ponderan costo-beneficio, prefieren pagarlas en su concepción de codicia e insensibilidad. Esto pone a los electores en la disyuntiva de votar, con lo que “autorizan” que los asuntos continúen tal cuál y que los ganadores cometan todo tipo de arbitrariedades; o, abstenerse, lo que mostraría apenas un inane descontento ciudadano. Interesan en tan neurálgico tema, reflexiones pausadas que lleven a normas razonadas y racionales que contribuyan a una institucionalización imparcial y confiable de la democracia.

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