Para aquellos que hemos escuchado sobre la Procuraduría General, que hemos tenido respeto por una institución quizás la tercera más poderosa después de la Fiscalía y Presidencia de la República, que hemos tenido la oportunidad de revisar su creación y de observar los grandes avances en la lucha contra la corrupción, defensa de los derechos humanos, garantía en la intervención judicial en los procesos judiciales penales, administrativos, civiles, y demás que ha tenido diversos Procuradores, algunos controversiales, otros juristas de alto reconocimiento académico y político, es importante en esta columna mostrar cuáles serán los grandes retos en investigaciones o decisiones disciplinarias del nuevo Procurador que se posesiona el 15 de enero del 2025, y en especial cómo debería ser el proceder que a mi juicio se debería tener para organizar estratégicamente la entidad, y con ello garantizar mayor efectividad en la línea investigativa y por ende se pueda garantizar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia en materia disciplinaria.
La Procuradora Margarita Cabello, quien finaliza su periodo en enero próximo, destacó en un balance que presentó públicamente ante la comunidad en general, que, por acciones de la Procuraduría en procesos conciliatorios, preventivos y de intervención administrativa, entre enero de 2021 y junio de 2024, se logró un ahorro a las arcas de la Nación de cerca de $7 billones.
Hay varias investigaciones de alto impacto nacional por corrupción y otros temas que no se alcanzaría a concluir en el periodo de Cabello y que, como consecuencia, tendrá que finiquitar el próximo titular del cargo.
El organismo avanza en la investigación que abrió en abril pasado, por irregularidades en la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira y la compra de 1.000 tanques de reserva de agua para rancherías en este Departamento. En la misma línea investigativa y con hechos conexos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó el inicio de las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por los graves hechos denunciados, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado, que hablan de la entrega de altas sumas de dinero como parte de sobornos entregados durante el desarrollo de procesos de contratación y para aprobar proyectos del Gobierno nacional en el marco de sus competencias.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra miembros de la Policía Nacional por las presuntas irregularidades relacionadas con las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, trabajadoras de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, donde se encuentran investigados mayores, intendentes, hasta patrulleros. La Procuraduría General de la Nación, una vez evaluada la investigación formuló pliego de cargos a seis integrantes de la Policía Nacional involucrados en las interceptaciones a Marelbys Meza, proceso que pasará a la etapa de Juzgamiento para decidir su responsabilidad o no disciplinaria; ya existen condenas en materia penal sobre dicho proceso.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A E.S.P por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
La Procuraduría indaga en varias líneas investigativas a efectos de determinar si en la Hidroeléctrica de Urrá se habrían gestionado negocios con 10 empresas para la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación, de igual manera se indaga a efectos de verificar si las transacciones les permitían obtener altos márgenes que no estaban asociados con la extensión de los precios de venta, y en las que hubo condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad, se revisarán los posibles vínculos de al menos tres de ellas con funcionarios del Alto Gobierno y la supuesta intervención de algún congresista que ejerció presuntas presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá.
En el mismo proceso se indagará sobre la denuncia presentada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre posibles irregularidades en la contratación de Urrá S.A. ESP, se deberá determinar si es procedente la acumulación de esa denuncia a la indagación previa y así poder en una misma cuerda procesal adelantar la investigación del caso.
De acuerdo con las denuncias que rondarían los 1,4 billones de pesos, se estarían adjudicando a dedo. Se deberá determinar la idoneidad de las empresas y los criterios de selección a efectos de determinar que se adjudicaron legalmente y si el proceder de los servidores públicos fue ajustada a la ley o no.
Corrupción en la SAE sociedad de activos especiales, se han adelantado indagaciones previas por parte de la Procuraduría General de la Nación para determinar la responsabilidad en el manejo de los bienes incautados a la mafia e irregularidades en procesos de extinción de dominio en el despojo presuntamente ilegal de dichos inmuebles y el caso de robo de 10 lingotes de oro, una lujosa colección de relojes y más de $200 millones que fueron decomisados, ese caso involucra presuntamente a funcionarios de la Fiscalía, la Dijin y la SAE.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020, emitido por la Contraloría General de la República.
Las indagaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación sobre casos de cobros coactivos ilegales en diferentes Empresas Sociales del Estado –Eses- del país, fue descubierto el ‘Cartel de los Hospitales’ conformado presuntamente por funcionarios públicos de orden Departamentales y Nacionales, abogados y jueces que, de formas ilegales, se apropiaban de recursos públicos destinados a la salud en algunos casos, con un procedimiento administrativo no procedente, y en todos los casos, contra los recursos públicos de la seguridad social en salud, que gozan de carácter inembargable, salvo las excepciones establecidas por la Corte Constitucional.
Si revisamos el estilo de muchos de los que han ostentado el cargo de Procurador General de la Nación, podemos concluir que algunos le han apuntado a desconcentrar a la entidad territorialmente, en el entendido de fortalecer la lucha contra la corrupción en los territorios, garantizar una adecuada atención abierta al ciudadano en sus campos en el respectivo territorio, otros le han apuntado más a la articulación y lucha internacional contra la comisión de delitos, salvaguarda de los derechos humanos, prevenir la comisión de los delitos contra la administración pública, Promover los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales de Colombia, así como prevenir su estigmatización, otros han implementado grandes estrategias o programas para fortalecer el sistema informativo de la entidad.
Otra de las decisiones importantes que están en la mira es que se sugiere que el nuevo Procurador General por lo complejo del derecho disciplinario es que se deben encargar o nombrar progresivamente a los distintos funcionarios de carrera administrativa para la cúpula de los cargos de mayor confianza e importancia cercanos a la Procuradora General, como lo son los Procuradores delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Procuradores Regionales y demás cargos directivos y de confianza. Cambios estos que buscan muy seguramente contar con el talento humano calificado y especializado en conocimientos del derecho disciplinario para la eficiente y calificada toma de decisiones importantes en casos emblemáticos, y demás decisiones trascendentales para el país en la lucha contra la corrupción en sus distintas modalidades.
Para lograr este objetivo el Procurador General, debe apuntar a seguir fortaleciendo cada una de las Procuradurías Regionales del país, en cuanto a conocer cada uno de los diagnósticos de la problemática de los departamentos en cada uno de los sectores, que es donde realmente se conoce la mayoría de las problemáticas y de comisión de los delitos en los territorios, para ello es importante que el nuevo Procurador General en articulación con la Rama Judicial, altas Cortes apunten a la ampliación y digitalización del Sistema Disciplinario, contando con las debidas herramientas tecnológicas para el fortalecimiento y luchar duramente contra la corrupción, entendiendo este con la realización de convenios de cooperación internacional para fortalecer el análisis de dichas problemáticas en todos los rincones de Colombia, principalmente en la posibilidad de reforzar o garantizar una adecuada ruta de atención de las víctimas, crear una gran Procuraduría Delegada Nacional Especial anticorrupción, que trabaje de la mano con la Fiscalía General para garantizar mayor efectividad en las investigaciones contra la corrupción en el país.
Revisar la posibilidad de la creación de nuevos cargos de Procuradores Delegados ante los Tribunales y Juzgados del país, para fortalecer la función de intervención en la justicia, reformar o modificar la estructura de la Dirección de Investigaciones especiales, para garantizar la efectividad en las líneas de investigación, robustecer mayor su planta de personal con una ampliación de sus funciones, revisar la posibilidad que la escogencia de los Procuradores Delegados en otras áreas que actualmente son de libre nombramiento y remoción se realicen por concurso de méritos tal como se hizo con los Procuradores proyectar los nuevos indicadores de gestión dentro de la Procuraduría enfocados a la particularidad de cada uno de los sectores que se piensen medir.
Para concluir, el nuevo Procurador General debe tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo con independencia absoluta, en la lucha contra la corrupción, nombrar personas idóneas que tengan una hoja de vida de peso académicamente, sin tachaduras, y con su experiencia esperamos lograr grandes resultados, para que tengamos una Procuraduría General generando resultados contundentes y de cara al ciudadano para garantizar o proteger derechos.
